a reforma laboral Calderón-Peña (noviembre-2012) constituyó la primera de su proyecto de “modernización”. Por sus objetivos, concepción y ausencia del debido debate social, frente a la magnitud, alcance e impactos de lo reformado, es una reforma excluyente. Con ella se perdió la naturaleza tutelar que el Estado garantizaba para normar la asimétrica relación entre quienes signan el contrato obrero-patronal. Sus impactos acontecen en el cuadro de sobrecargas de trabajo y abatimiento salarial, sin par, en el horizonte latinoamericano.
En junio 2017, Juan Rubén Compañ García argumentó que la precarización magisterial puede ser uno de los efectos del Servicio Profesional Docente y explicó esa precarización como una “desestabilización” de los trabajos estables y “degradación” social ( Blog de educación de Nexos). Esa precarización no escapa al nuevo marco que impuso la reforma laboral Calderón-Peña de noviembre 2012. Compañ identificó las siguientes “tres” situaciones en curso que la documentan.
Primera: intensificación del trabajo docente. Hoy existen “nuevas” tareas administrativas y pedagógicas. Los docentes laboran bajo “un control” sistemático en las planeaciones; entrega de evidencia de la “práctica” docente y “evaluaciones” formativas. Resultado: más informes y registros para la “permanencia” en el servicio. Por tanto, se les controla el tiempo y se intensifican sus horas de trabajo: horas extras “en casa o escuela sin remuneración”. Así “pareciera que es prioridad el cúmulo de actividades administrativas y que lo pedagógico es una simulación”. Lo más importante, según Compañ, es “completar” formularios, de lo cual “depende” la permanencia en el servicio.
Segunda: precarización salarial y política de evaluación. Para Compañ, desde la década de 1980, el deterioro salarial es “considerable” y la precarización es más “visible” por el “poco” número de horas asignadas a normalistas de nuevo ingreso, lo que –a su vez– alimenta las condiciones laborales “inciertas”. Los docentes reciben hoy menos horas: los egresados de las normales alcanzaban, en la década de 1990, un “mínimo” de 19, que se traducían en un salario “más elevado”. Hoy los hay con 5 y salario “insuficiente”. Las horas son variables y dependen de la especialidad y número de grupos “existentes” en la escuela.
Además, la precarización salarial se vincula al “perfil” docente: “anteriormente”, precisa Compañ, se podía asignar un número “indistinto” de asignaturas que se traducía en un salario “más” decoroso. Hoy, los lineamientos del Servicio Profesional Docente, ya “no” lo permiten. Ahora “debe” existir una clara correspondencia entre formación inicial y la asignatura “a impartir”. Como hay escuelas que apenas cuentan con un grupo por grado, prosigue Compañ, entonces la asignación de horas es “mínima”.
Por tanto, concluye, la reforma educativa de 2013 se ha ocupado de reclutar a los “mejores docentes” sin crear, simultáneamente, las “mejores” condiciones laborales. “Pareciese”, insiste, que los docentes “idóneos”, son quienes sobreviven al reto de las “precarias” condiciones. Ser idóneo equivale a ser “resistente”. Antes, la evaluación era “importante” para mejorar salarios. Ahora, la evaluación “mejora” salarios de los “idóneos” que ingresaron al servicio “antes” de los nuevos lineamientos. No ocurre igual con los de nuevo ingreso. En su caso, la evaluación “sirve” para tomar decisiones “por ellos” haciendo “uso” de lo administrativo: por ejemplo “realizar” la promoción y quedarse sólo con un nombramiento “indeterminado” (de base, permanencia).
Tercera: derechos laborales docentes en relación con las políticas de ingreso y el sindicato. La pérdida de derechos conquistados “va en aumento”, denuncia Compañ. La antigüedad asemeja un “sueño”: el contrato eventual (cada seis meses), para los de nuevo ingreso, “imposibilita” su acumulación. Esa antigüedad resulta sustituida por la evaluación “cada seis meses”, ahora, requisito para la continuidad en el servicio. Por su parte, la evaluación se asocia con el “seguimiento” constante a partir de tutoría y capacitación. Los docentes de nuevo ingreso deben contar con tutor que da “seguimiento” y “coadyuva” a la práctica. No es opcional. Es un requisito.
La “incertidumbre” e “inestabilidad” laboral, concluye Compañ, “es lo que se vive”. Quién ingresa a la docencia es un “sujeto con mínimos derechos” y que tiene “enormes” dificultades para “irlos conquistando”. Transitar de un contrato eventual a uno permanente es un proceso “largo y desgastante”. Es toda una “travesía”. Pero es “la opción”, si lo que se busca es un trabajo “estable”.
Hay situaciones “discrecionales” que “permiten” modificar las políticas de ingreso al servicio. El sindicato es partícipe “activo” en ellas. existen muchas “exigencias” intelectuales, físicas y emocionales para los “nuevos” docentes que “poco” coadyuvan a una buena práctica.
La reforma Calderón-Peña tampoco mejoró el horizonte de estabilidad laboral: impuso precarización creciente del ciclo de vida laboral. No modernizó. Es un salto hacia atrás que aumenta las intensidades de la jornada con menos derechos, mínima protección social, pensiones a la baja y servicios de salud compactados. Además, hunde el soporte financiero y la misión cohesiva de la seguridad social.
Al asumir nuevas figuras de contratación, se afectó los tipos de cotización de los jóvenes, lo cual amplifica la terciarización ( outsourcing) y su legalización. Reduce el costo de la fuerza de trabajo y permite que, en una misma empresa, coexistan trabajadores con las mismas funciones, pero con salarios y prestaciones diferentes. Y, por el nivel de la cuota obrero-patronal, compromete el adecuado financiamiento del cuadro vigente de prestaciones de la seguridad social. Como gusta decir el presidente Peña Nieto: “éste es, sin lugar a dudas, el sexenio del empleo”.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
