Hace un año personal de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) no sólo mostró capacidad de fuego desde el aire, sino que marcó el inicio del derrumbe del contubernio entre el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y el titular de la Fiscalía General de Justicia de Nayarit, Édgar Veytia, y que ahora tiene sujeto a una investigación federal al ex gobernador de esa entidad Roberto Sandoval Castañeda.

Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional revelaron que la Procuraduría General de la República (PGR) mantiene abierta una carpeta de investigación en la que se investiga al ex mandatario por delincuencia organizada.

Lo ocurrido en febrero de 2017 en la colonia Lindavista, en el municipio de Tepic, y el saldo de las acciones realizadas por los integrantes de la Semar, permitió el abatimiento de Juan Francisco Patrón Sánchez, y un mes después la detención de Édgar Veytia, en Estados Unidos, y con ello el rompimiento de la red de complicidad entre el ex fiscal y la organización de los Beltrán Leyva.

Estas acciones, señalaron las autoridades consultadas, abrieron paso a una disputa entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva generación (CJNG) por los territorios y rutas que estaban bajo control de la organización de los Beltrán Leyva, a través de Juan Francisco Patrón Sánchez, El H-2.

Las indagatorias, indicaron las fuentes, señalan que el fiscal Veytia y el ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda se beneficiaron con la adquisición de propiedades, por ello la investigación de la PGR se ha enlazado con cuestiones de delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito.

A esta indagatoria se han sumado las denuncias presentadas por actores políticos y sociales en abril de 2017 en contra del ex mandatario, en donde se le menciona como beneficiario de diversos desvíos de recursos.

Asimismo, aunque la Fiscalía General de Justicia de Nayarit lleva a cabo investigaciones relacionadas con el hallazgo de fosas clandestinas, el Ministerio Público Federal coadyuva y da seguimiento a estos casos, como parte de las actividades y disputas que ahora sostienen los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva generación, explicaron los funcionarios consultados.

Además, se indaga a escala federal casos de tortura que habrían cometido integrantes de la fiscalía de esa entidad entre 2015 y los primeros meses de 2017, en contra de diversos ciudadanos para obligarlos a traspasar sus propiedades al ex fiscal Édgar Veytia y a el ex gobernador Sandoval Castañeda.