Guadalajara, Jal.

Internos del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 2 de Puente Grande, Jalisco, iniciaron el lunes una huelga de hambre en protesta por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Esta es la segunda ocasión en 11 meses que los reclusos protestan de esta manera. En marzo del año pasado organizaron un ayuno, tras el cual se acordó mejorar las condiciones de reclusión y el trato que, según familiares, empeoraron tras la llegada de José Luis Roiz a la dirección, en el último trimestre de 2017.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió el lunes una queja de familiares de los internos, pero hasta ayer no habían recibido respuesta no habían tenido comunicación directa con los reos.

Yolanda Barranco, esposa del recluso Damián Gallardo, afirmó vía telefónica que la llegada de Roiz echó por tierra los pocos avances logrados por la huelga de marzo anterior, en la que participaron al menos 100 de los mil 200 internos.

Antes de llegar a Puente Grande, Roiz fue destituido en agosto de 2017 de la dirección del Cefereso 15, ubicado en Villa Comaltitlán, Chiapas, entre acusaciones de corrupción hechas por empleados de ese reclusorio.

No tienen servicios médicos adecuados; la comida es muy mala; es muy frecuente que padezcan enfermedades gastrointestinales. El control se endureció y en la tienda que tienen dentro todo se encareció, dijo Barranco.

Damián Gallardo, su esposo, es un activista indígena oaxaqueño detenido el 18 de mayo de 2013 acusado de formar parte de una banda de secuestradores supuestamente integrada por miembros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

En 2014, según la resolución A/HRC/WGAD/2014, expertos de la Organización de las Naciones Unidas concluyeron que Gallardo, defensor de los derechos humanos, fue detenido en forma arbitraria y el Estado mexicano debía garantizar su protección.

Barranco agregó que a los internos les extravían las cartas o se las entregan tarde; se endurecieron los castigos y los familiares, incluidos mujeres y niños, son revisados de manera tan extrema e íntima que prefiero no entrar en detalles. No podemos confiar ni en la CNDH, porque hemos puesto quejas y han hecho caso omiso.

En Puente Grande hay cuatro maestros detenidos en 2013 –durante las protestas contra la reforma educativa–, quienes se sumaron a la huelga de hambre.

Algunos maestros ya están en la parte final de sus procesos, pero aún hay pruebas que no se han desahogado, señalaron los presos en una carta al director del penal. También piden corregir anomalías en visitas, área médica, alimentación, trabajo social, televisión, tienda, llamadas telefónicas, ropería y recreación, entre otros puntos.