Buenos Aires.

Después de anunciar la creación de Fuerzas de Despliegue Rápido conformadas por las tres armas de las Fuerzas Armadas, una nueva doctrina en materia de defensa y seguridad interior y de los acuerdos firmados con el Comando Sur de Estados Unidos, el gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri informó que se ordenó la compra de material bélico y declaró secreta dicha operación por razones de seguridad y defensa nacional para potenciar la capacidad disuasiva e iniciar el proceso de restablecimiento de la capacidad de defensa antiaérea.

El decreto está firmado por Macri, el jefe de gabinete, Marcos Peña y del ministro de Defensa Oscar Aguad. Además, el mandatario relevó al jefe del Estado Mayar del Ejército, Diego Suñer y designó en su remplazo a Claudio Ernesto Pasqualini, actual comandante de la Segunda División de esta fuerza, cargo que ocupaba desde enero de 2016 en Córdoba. Aún no se conocen los motivos del reemplazo, ya que Suñer ocupó su cargo a días de asumir el gobierno de Macri.

A su vez, organizaciones políticas, gremiales, estudiantiles, sociales y de derechos humanos de Posadas, provincia de Misiones, rechazaron en un comunicado el acuerdo del gobierno con la agencia antidrogas estaduidense, la DEA, para instalar una Fuerza de Tarea de ese organismo en esa ciudad con la participación de agentes de la agencia estadunidense contra el narcotráfico.

No admitimos la penetración militar del imperio en la región, expresaron estas organizaciones apoyadas por Madres de Plaza de Mayo y la Liga Argentina de Derechos del Hombre (LADH) y señalaron que estos acuerdos siempre, significan la intromisión de Estados Unidos en políticas de seguridad nacional.

Manifestaron su rechazo a toda injerencia estadunidense en nuestra patria, ya que es sabido que con el argumento de controlar el crimen organizado y actividades de terrorismo se esconde la intención colonizadora y de sometimiento que por donde pasa, viola los derechos humanos, dejando excluidos , hambre y violencia, y demandaron se explique ante el Congreso todo lo actuado en este caso.

Además se refirieron a la necesidad de defensa de los recursos naturales, ya que en la Triple Frontera existe el acuífero guaraní, una enorme reserva de agua potable, codiciada por Estados Unidos.

Varios frentes

Mientras este jueves se registró una importante marcha de organizaciones sociales, representantes de grupos despedidos, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), y la Central de Trabajadores de Argentina autónoma cortaron calles y reclamaron en Plaza de Mayo contra los despidos en los organismos públicos.

Reclamaron además la emergencia alimentaria y la reincorporación de los empleados despedidos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, de la mina Río Turbio, de Radio Nacional y del Hospital Posadas. La política que aplica Macri es de barbarie, cierre y vaciamiento de organismos del Estado, destrucción de la organización sindical y despidos para generar subordinación de los trabajadores, dijo el dirigente de ATE, Hugo Godoy.

Por otra parte, un nuevo suceso ligado con la persecución política ocupa el debate del día. Se trata de una nueva embestida oficial a nivel nacional e internacional contra el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, después que el gobierno de Macri presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un pedido especial para que se expulse o se limite la acción del reconocido jurista que forma parte de ese organismo, quien durante un reportaje radial manifestó a título personal su esperanza de que el, gobierno actual se vaya antes, exponiendo cómo se está endeudando día a día el país, con cifras astronómicas y todas las medidas que han afectado gravemente a la población, lo que será muy difícil recuperar a futuro.

La Asociación Americana de Juristas y otros organismos internacionales salieron en defensa del ex juez y también distintos organismos internacionales, ya que ha sido uno de los más importantes académicos del país en derecho.

Pero el tema de Zaffaroni determinó que la Radio Caput, donde el ex magistrado fue entrevistado recientemente, fuera allanada este miércoles por la Policía Federal, que llegó para pedir la cinta grabada del programa donde estuvo Zaffaroni, el cual les iba a ser entregado, cuando amenazaron con entrar derribando la puerta en momentos en que estaba un operador solo. Entraron con amenazas de violencia revisando todo en una actitud condenada por los sindicatos de prensa y organizaciones de periodistas, que consideraron esto como una nueva muestra de censura y abuso contra la libertad de expresión.

Además del cierre de radios pequeñas y de los intentos de terminar con todo programa o periodista crítico, esta acciones son calificadas como una nueva amenaza contra las radios o pequeñas televisoras, como Barricada, que ni siquiera se acercan a 98 por ciento de los grandes medios que el gobierno controla y a los que favorecen con millonarios acuerdos. Una cantidad de organismos se solidarizaron con los dueños, periodistas y personal de Radio Caput, que tiene una importante audiencia, por la seriedad de su información.