La ley reglamentaria sobre remuneraciones de los servidores públicos está pendiente desde hace ocho años, ya que ni la anterior legislatura ni la actual, que está por terminar, aprobaron esa norma, lo que ha permitido que se viole la disposición constitucional de que ningún servidor público podrá recibir un salario mayor o igual al que percibe el Presidente de la República.

Senadores del PAN y del PT-Morena advirtieron que sin esa ley persisten los excesos de funcionarios de la administración federal y de organismos autónomos, que perciben ingresos millonarios, mediante compensaciones y otras prebendas.

Es necesario legislar y acabar con los excesos que ahora se dan, coincidieron el panista Francisco Burquez Valenzuela y el coordinador del PT-Morena, Manuel Bartlett. Este último detalló que impulsan una iniciativa de Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que busca acabar con el agravio que representan los ingresos millonarios de funcionarios de los tres niveles de gobierno, legisladores y miembros del Poder Judicial, frente a los ingresos miserables de la mayoría de la población.

En esa iniciativa, presentada por el ahora senador con licencia Miguel Barbosa, se propone establecer sanciones penales, con cárcel de entre tres meses y 12 años, además de multas e inhabilitación en el cargo, para quien autorice y reciba una remuneración ilícita.

En la exposición de motivos se recalca que el Congreso está en deuda con la sociedad, porque pasaron ya ocho años del plazo establecido en la reforma constitucional de 2009 y no ha emitido la reglamentación en materia de remuneraciones públicas, necesaria para construir una política racional de sueldos en el sector público, que acabe con la permisividad de los mandos superiores, de fijarse altísimos salarios y numerosos complementos.

Con esas prácticas, consiguen ingresos por encima de los que están establecidos para el Presidente de la República. Es necesario prevenir la elusión de la ley, mediante la práctica de ejercer partidas que tienen un objetivo distinto en el presupuesto correspondiente.

La iniciativa del PT-Morena –que está ya en comisiones– establece que toda erogación relacionada con remuneraciones, jubilaciones, pensiones, compensaciones y haberes de retiro, deberán estar contenidas expresamente en el Presupuesto de Egresos, especificando la totalidad de sus elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie.

Las remuneraciones deberán estar sujetas al principio de máxima publicidad, por lo que no podrán clasificarse como información reservada,

La iniciativa regula también las liquidaciones, al prohibir que se concedan mediante acuerdo entre la dependencia en cuestión y el funcionario. Se darán conforme a la ley. Además, no tendrán derecho a liquidación los servidores públicos de elección popular, secretarios y subsecretarios de Estado, ni los directores generales o integrantes de consejos de administración de organismos descentralizados o empresas de participación estatal, como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.

Se crea un nuevo tipo penal, el de remuneración ilícita, para quienes incumplan con lo establecido en la ley propuesta.