Organizaciones ambientalistas afirmaron que la discusión y posible aprobación de la Ley General de Biodiversidad (LGB) en la Cámara de Diputados no puede convertirse en un proceso poco transparente y sin un análisis de fondo, pues está en riesgo la enorme biodiversidad que exis-te en México, su flora y fauna.

Por ello, informó Alejandro Olivera, del Centro para la Diversidad Biológica de México, diversos colectivos, organizados en una coalición, han acudido ante los legisladores de las comisiones de cambio climático y asuntos indígenas de San Lázaro para demandar un proceso amplio de consulta y debate público sobre la norma que, entre otros cambios, permitiría la explotación de minas en áreas natura-les protegidas.

Agregó que tras la aprobación del dictamen de la LGB en el Senado el último día de sesiones del pasado periodo ordinario, se formó una coalición de grupos ambientalistas para buscar una modificación de esta norma y una consulta amplia que involucre a todos los actores, pues subrayó que está en juego el capital natural de México y su gran riqueza biológica, que incluye su flora y fauna.

Alejandro Olivera alertó que la propuesta ley de biodiversidad es un marco jurídico que abarca muchos temas, pero que regula poco, ya que si se aprueba y publica para su entrada en vigor en los términos que fue aprobada por los senadores, eliminaría la Ley General de Vida Silvestre y modificaría regulaciones en torno a las áreas naturales protegidas, debilitándolas al permitir, por ejemplo, proyec-tos destructivos como la explotación de hidrocarburos y la minería a cielo abierto.

Proyecto del PVEM

La nueva norma, que fue impulsada por la senadora del PVEM Ninfa Salinas, abroga diversas leyes en temas ambientales, como la citada General de Vida Silvestre, y afecta a otras que regulan el equilibrio ecológico, la protección de ecosistemas, el cambio climático, el desarrollo forestal sustentable, entre otros, además de que introduce el concepto de recursos genéticos, que en muchos países son considerados como factibles de patentar y explotar.

Al respecto, Alejandro Olivera destacó que el proceso para su aprobación en el Senado no permitió ninguna consulta y se avaló además durante una larga jornada de sesiones donde también se aprobó la Ley de Seguridad Interior, por lo que no fue un proceso transparente, y lo que pedimos a la Cámara de Diputados es que se permita escuchar a todos los sectores y se modifique los términos en que se aprobó su dictamen.

El llamado, dijo, es a que todas las organizaciones ambientalistas, campesinas e indígenas que han protegido la riqueza natural y la biodiversidad del país, considerado como una de las cinco naciones megadiversas del mundo, se sumen a esta petición y presenten su propuesta para ser escuchados en San Lázaro.