l presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, lamentó ayer el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le prohíbe extraer las boletas de las urnas a fin de efectuar un conteo para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y con el cual el árbitro electoral esperaba dar resultados a una hora temprana tras el cierre de las casillas en la elección del próximo primero de julio. A decir del funcionario –quien en este punto contó con el respaldo unánime de los otros consejeros electorales–, el retraso de varias horas en la difusión del PREP pondría en riesgo la información oportuna y podría desatar suspicacias sobre el resultado de los comicios. Córdova agregó que el vacío de información en las horas posteriores al cierre de la votación abona a la especulación y la incertidumbre y no a la estabilidad política y financiera y podría generar afectaciones a la paz pública. De su lado, la consejera Pamela San Martín censuró también la decisión del TEPJF porque sin cifras oportunas no será posible desarticular especulaciones, en tanto que su colega Dania Ravel dijo que el retraso podría poner en entredicho los resultados. El consejero Jaime Rivera, por su parte, señaló la posibilidad de que una difusión tardía de resultados preliminares abra la puerta a proclamaciones de victoria anticipada por parte de los candidatos.

Los señalamientos de los consejeros electorales son sin duda atendibles, pero también lo son los de los magistrados del tribunal electoral, los cuales fundamentaron su determinación en el peligro de que las omisiones, errores o descuidos en la manipulación de la papelería electoral fuera de las urnas podría traducirse en sospechas sobre la certeza de la elección o sobre una alteración de los resultados.

Cada uno a su manera, el organismo y el tribunal electorales apuntan a lo mismo: al riesgo de que la ciudadanía o un sector de ella desarrolle la impresión de que se ha producido una adulteración de la voluntad popular, como ocurrió en las dos pasadas elecciones presidenciales. Y el riesgo podría materializarse tanto por una tardanza excesiva del PREP (que por el fallo del TEPJF ya no podría presentarse a las 11 de la noche, sino hasta las dos de la madrugada del día siguiente), como por un manejo indebido de las boletas electorales.

La encrucijada institucional es, pues, evidente y no parece haber una solución a la vista. Pero el problema de fondo no es de procedimiento, sino de credibilidad de los propios organismos que ahora se encuentran enzarzados en el conflicto. En efecto, en procesos electorales federales anteriores ambas entidades, el INE (antes Instituto Federal Electoral, IFE) y el TEPJF, tuvieron un desempeño muy por debajo de lo que la sociedad esperaba de ellas, y hasta dudoso con respecto a la legalidad. A la postre, la institucionalidad electoral no fue capaz en 2006 ni en 2012 de organizar y calificar resultados confiables y creíbles, ya fuera por sus omisiones en hacer cumplir el marco legal a los actores políticos, ya por el desaseo con que fueron computadas y anunciadas las cifras de las votaciones.

El problema actual no existiría si la ciudadanía tuviera plena confianza en sus órganos comiciales y en el funcionamiento democrático del país, pero esa confianza ha sido regularmente mellada por deficiencias insoslayables. Ahora lo procedente es asegurar que los votantes vuelvan a creer en la imparcialidad de los organizadores y calificadores del proceso, y la única forma de lograrlo es asegurando desde el inicio la realización de un proceso electoral libre, equitativo, verificable y confiable, y ello implica, de entrada, vigilar que nadie quebrante las disposiciones para las campañas y sancionar con severidad cualquier infracción en este sentido.