Las personas indígenas privadas de la libertad son objeto de graves violaciones a sus derechos humanos, relacionadas particularmente con la detención, aplicación de la prisión preventiva, el acceso a un intérprete traductor, una defensa adecuada y las condiciones de vida dentro de los Centros de Reinserción Social, (Ceresos) señala la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal).

En un informe sobre el acceso a la justicia de este sector de la población, la organización no gubernamental indica que de los 209 mil 782 presos en el país, 7 mil 433 pertenecen a un pueblo o comunidad indígenas.

En cuanto a la medida cautelar de prisión preventiva, asegura que el porcentaje es por demás alarmante en Chiapas, ya que el número de detenidos a los que se le aplica asciende a 52.8 por ciento, y en Oaxaca es de un gravísimo 97.4 por ciento.

En estas entidades, motivo del estudio, resalta que de acuerdo con la información recabada, identificó que la mayoría de las detenciones fueron ilegales. En Chiapas por ejemplo, a 83 por ciento de los presos no se les mostró una orden de aprehensión y 77 por ciento no entendió el motivo de la misma.

En Oaxaca, se repite el mismo patrón: de los entrevistados, 83 por ciento mencionó que no les mostraron una orden de aprehensión, y 52 por ciento dijo no haber entendido el motivo.

Sin embargo, no sólo eso, AsiLegal refiere que en Chiapas 32.55 por ciento aseguró sufrir algún acto de tortura durante su arresto y en Oaxaca el porcentaje fue de 50 por ciento.

La organización no gubernamental espcializada en derechos humanos asegura que el acceso a un interprete traductor y el derecho a una defensa adecuada son aspectos sistemáticamente violados por las autoridades mexicanas, ya que el número de estas personas capaces de brindar asistencia a los indígenas privados de la libertad es extremadamente limitado.

La violación a estos derechos, agrega, implica una serie de obstáculos al acceso a la justicia, pues deja a este sector en una situación de indefensión.

Respecto de las condiciones de los Ceresos en estas entidades, añade que no son los adecuados para la vida en reclusión.

Las condiciones a las que se ven sometidas las personas privadas de la libertad constituyen tortura, y en el caso de los indígenas en prisión preventiva representa una pena anticipada, que es a su vez una violación al principio de presunción de inocencia, concluye.