El Estado mexicano rechazó aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para examinar casos individuales de este delito. La cancillería argumentó que para avalarla se necesitaría de un proceso sustantivo que involucra la opinión de un gran número de instituciones relevantes, y que continúa bajo consideración.

La negativa de las autoridades mexicanas es muy grave para un país que tiene más de 34 mil desaparecidos, de acuerdo con cifras oficiales, coincidieron James Cavallaro, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y Juan Carlos Gutiérrez, director de la organización Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, que acompaña a varias familias de personas víctimas de ese delito.

Hace unos días la Secretaría de Relaciones Exteriores respondió a las recomendaciones que dicho comité hizo a México en 2015, donde el primer exhorto era aceptar la competencia para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales, para reforzar el régimen de protección contra las desapaciones forzadas previsto por la propia instancia internacional.

En el documento, la cancillería sólo se abocó a destacar como el avance más sustancial en la materia la aprobación y entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.

La dependencia subrayó que para el gobierno mexicano ha sido prioritario tener el marco jurídico que ofrece la nueva normativa y trabajar en su instrumentación. Se comprometió además a seguir trabajando con organismos internacionales, la sociedad civil y los colectivos de familiares, sobre todo para atender las acciones urgentes que el comité emita en los casos de personas desaparecidas.

Cabe señalar que de marzo de 2012 a octubre de 2017 el Comité contra las Desaparición Forzada de la ONU ha emitido 419 acciones urgentes a diferentes países, y México ocupa el primer lugar, con 304. Seis de esos casos son atenditos por Idheas.

Un punto que nos preocupa es que no existe un compromiso puntual y concreto del Estado mexicano para aceptar, reconocer y atender las acciones urgentes, que tienen que ver con la búsqueda de personas desaparecidas, señaló Gutiérrez.

Para Cavallaro es realmente grave que México no reconozca el problema y haya rechazado la competencia del comité. ¿Qué otro Estado tiene entre 34 y 35 mil desaparecidos oficialmente? Además que sabemos que existe un subregistro. Se necesitan tomar todas las medidas correspondientes, indicó.

Instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la CIDH, entre otras, han insistido en la necesidad de que México reconozca la competencia del Comité.

El director de Idheas destacó que el informe entregado por la cancillería también omite referirse a la parte relacionada con la ausencia de investigaciones efectivas y a la escasa coordinación entre instituciones para la identificación forense de restos.

Tampoco menciona nada sobre las medidas de protección para las familias o colectivos que están en riesgo por denunciar las desapariciones, concluyó Juan Carlos Gutiérrez.