Zacatecas, Zac.

En una acción presuntamente ilegal promovida por Germán Larrea, principal accionista de Grupo México, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ordenó que hoy se realice un nuevo recuento de votos para quitarle el contrato colectivo de trabajo (CCT) a la sección 201 del sindicato que dirige Napoleón Gómez Urrutia en San Martín, municipio de Sombrerete, denunciaron José Santos Cervantes y Efraín Arteaga Domínguez, del Frente Social por la Soberanía Popular.

Señalaron que esta es la segunda vez que con un sindicato fantasma creado por la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y con domicilio en Monterrey, Nuevo León, la STPS y Larrea intentan despojar a este gremio de la titularidad del contrato de esa mina, en huelga desde el 30 de julio de 2007, debido a que la empresa incumplió con medidas de seguridad e higiene.

En conferencia de prensa, exigieron al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, que envíen policías federales y estatales a la empresa, pues temen que ésta contrate golpeadores para atacar a los mineros y sus familias, como hizo en el recuento efectuado en 2012.

El 31 de agosto de ese año, a las 7:15 horas llegaron a San Martín cinco autobuses con golpeadores contratados por Grupo México para desalojar a trabajadores de la sección 201. Los mineros votaron y se mantuvo la titularidad del contrato. A pesar de que la CROC perdió el recuento, permanece en las instalaciones, pese a que hay orden judicial para que las entreguen, recordó Santos Cervantes.

Exigió al gobernador priísta y al Presidente garantizar la integridad física de los trabajadores y que el recuento, aun cuando es impuesto e ilegal, se realice de manera pacífica y con medidas de seguridad.

Arteaga Domínguez precisó que en su momento la huelga fue declarada existente y legal por las autoridades federales; por ello, la disputa por la titularidad del contrato viola la Ley Federal del Trabajo. Mientras dure la huelga no puede abrirse otra controversia. Es una decisión ilegal, dijo.

No descartamos que ante la posibilidad de que los esquiroles vuelvan a ser vencidos en el recuento usen la violencia; incluso puede llegar a haber homicidios, como ha sucedido en otras partes del país, como en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y en Nacozari y Cananea, Sonora, indicó.