En el país existen 109 centros penitenciarios de baja capacidad (para menos de 250 personas) y en 48 de ellos hay niveles de hacinamiento y sobrepoblación crítica, lo cual provoca que no se respeten las garantías de los internos, particularmente la adecuada reinserción social.

Así lo concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ayer emitió el Informe especial sobre los centros de reclusión de baja capacidad instalada en la República Mexicana, dirigido a los mandatarios de las 32 entidades federativas y al comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales.

En el documento, el organismo señala que la sobrepoblación y el hacinamiento superan la capacidad operativa, lo cual impide garantizar el cumplimiento mínimo de las normas reguladoras de la vida en prisión y propicia un ambiente inadecuado para el éxito de su función que debiera traducirse, cuando menos, en otorgar condiciones de estancia digna y derecho a la reinserción social.

Agregó que ello conlleva una mala clasificación, deficiencia de actividades educativas, deportivas, laborales, capacitación, atención a la salud y a las condiciones dignas de internamiento.

Para la CNDH, el derecho a la reinserción debe privilegiarse atendiendo los señalamientos constitucionales, los criterios internacionales de Naciones Unidas establecidos en las llamadas Reglas Mandela y toda la normatividad en la materia.

En el informe se da a conocer que en México existen 358 centros penitenciarios, en los que hay 204 mil 617 personas privadas de su libertad, de las cuales 13 mil 177 están en 109 centros con capacidad menor a 250 espacios. Éstos dependen de las autoridades estatales y en su mayoría no cuentan con infraestructura mínima para desarrollar un buen régimen carcelario.

La CNDH señaló que las cárceles con sobrepoblación y dichos problemas están en Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, estado de México, Morelos, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Tabasco y Veracruz.

Las deficiencias, recalcó el organismo, son susceptibles de corrección, por lo cual exhortó a los mandatarios estatales a desarrollar una política de armonización de los inmuebles con las exigencias que se derivan de poner en marcha un buen régimen penitenciario.

La sanción impuesta al infractor es la reclusión misma y no las circunstancias en que ésta se desarrolla, de ahí que dichos centros deben tener una debida planeación, diseño y construcción para cumplir con la norma y los estándares establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

La CNDH demandó que las autoridades estatales desarrollen acciones efectivas para mejorar la infraestructura y aumentar la capacidad de esas cárceles y establecer programas de dignificación penitenciaria enfocados a proporcionar mantenimiento y mejora permanente a la estructura y equipamiento de esos centros para garantizar la clasificación de la población, seguridad, salud, deporte, educación, trabajo y capacitación para el mismo, entre otros.