antiago Creel Miranda, entonces secretario de Gobernación (corría la administración de Vicente Fox), declaró el viernes 6 de agosto de 2004: Que enfrente las cosas con valor, con verdad. Si él cree que es inocente, que lo pruebe y lo demuestre y, si no, que asuma su responsabilidad como humano y como hombre. Con evidente molestia (según reportó Andrea Becerril en La Jornada, https://goo.gl/gwG79d ) agregó: Lo demás es hacerle al cuento, tratar de crear nubes de humo por todas partes y, otra vez, a lavarse las manos, otra vez a echar la culpa a los demás. ¡Que enfrente su situación como hombrecito y se acabó!

En la misma entrevista con reporteros se le planteó: Usted dice que si Andrés Manuel López Obrador cree que es inocente, lo demuestre, ¿no es al revés, y son las autoridades las que deben demostrar su supuesta culpabilidad? A lo que el segundo hombre en el mando foxista contestó: El que está haciendo la afirmación es él, no yo. Por eso digo, que si cree ser inocente, que aporte las pruebas, porque se lo pidió la sección instructora, no yo.

A 13 y siete meses de aquel proceso de desafuero instaurado contra AMLO, entonces jefe del Gobierno capitalino y virtual candidato presidencial por el Partido de la Revolución Democrática, José Antonio Meade Kuribreña, cinco veces secretario de Estado y ahora candidato presidencial (sin credencial) del Partido Revolucionario Institucional, ha asumido una posición declarativa parecida a la de Creel, quien a su vez trata de desmarcarse de sus bravuconadas de 2004 y se queja de maniobras desde el poder para ejercer un virtual desafuero contra el panista Ricardo Anaya Cortés.

Meade, quien ocupó cargos importantes en las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, señaló ayer: No nos hagamos bolas. Donde vemos un político que vive por arriba de sus ingresos, hay que actuar. O como dice el clásico: así no se hace política (...) Las alternativas son claras. Entre alguien que ha vivido como magnate, uno como fantasma fiscal y quien ha vivido en la transparencia. Ahí están los datos, la forma de vida de cada quien a la vista de todo. Y la frase central, referida en específico a Ricardo Anaya: Como se dice de manera ordinaria, que no sea rajón.

Pero, más allá de las semejanzas en el habla desde el poder, se está en presencia de dos procesos diferentes, el del desafuero de López Obrador y el del desagüero de Anaya Cortés. Un elemento fundamental es que el primero no tuvo intención ni perspectiva alguna de beneficio económico personal, familiar o grupal al tardarse en cumplir la orden judicial de suspender los trabajos de construcción de una calle en un predio que había sido expropiado años atrás. La intención del entonces jefe de Gobierno era habilitar una vía de acceso a un hospital privado a través del predio El Encino, que había sido expropiado en 2000 por Rosario Robles, sustituta en el mando capitalino a la salida de Cuauhtémoc Cárdenas.

En cambio, Anaya Cortés ha sido acusado de triangulaciones financieras y maniobras empresariales que le habrían suministrado una alta ganancia económica, en términos personales y familiares. A pesar de que el comportamiento del gobierno federal sea repudiable en cuanto pretenda descarrilar a un competidor presidencial, lo cierto es que el expediente relacionado con Anaya, el empresario Manuel Barreiro y el carrusel internacional de dinero, muestra una enorme ganancia para el panista, a quien con frecuencia se ha señalado como un personaje de prosperidad económica derivada de su prosperidad política.

Tampoco es menor el precisar la fuente de las discordias. En 2004, López Obrador se perfilaba como un firme opositor a las políticas pripanistas sostenidas por el luego virtual priísta, Vicente Fox Quesada, con quien no hubo ningún tipo de arreglo o entendimiento que luego diera pie a la percepción de traiciones entre antiguos socios. En cambio, Anaya Cortés, y una buena parte de sus actuales aliados (el chuchismo perredista y el panismo descalderonizado, concurrentes ambas facciones en la gustosa firma del Pacto por México, entre otras alianzas), han sido copartícipes y aplaudidores de políticas y maniobras de un peñismo del que ahora se han desmarcado en razón de desencuentros por posiciones de poder, no por principios doctrinarios o compromisos populares.

A raíz de esas dos circunstancias condicionantes (el beneficio económico o no, y el apego o desapego a las políticas del poder en turno), el desagüero de Anaya Cortés solamente ha conseguido un apoyo político en ciertas partes de la élite intelectual y en ciertos segmentos del panismo de a pie. La efervescencia por el golpeteo contra Anaya ha sido de poca monta social, estratificada y sin visos de autenticidad esencial, a diferencia de las movilizaciones masivas contra el desafuero de López Obrador (consumado en abril de 2005 en términos jurídicos; luego desactivado políticamente mediante diversas tretas, una de ellas consumada por la ahora morenista Gabriela Cuevas).

La riña en las alturas (Peña-Meade contra Salinas-Diego-Anaya) no puede ser asumida como genuina ni siquiera entre las bases del Frente tripartidista, porque corresponde a dinámicas, expectativas e intereses de las élites en pugna. Sin embargo, las consecuencias de ese crujir en las cúpulas puede resultar de graves consecuencias para el proceso electoral en curso, pues Los Pinos está pisando de manera exploratoria, una vez más (como lo hizo en la reciente elección del Estado de México), el terreno de los excesos desde el poder institucional, con el priísmo más cavernario decidido a hacer ganar a su actual abanderado ciudadano al costo que sea. El atropellamiento del ex socio político Anaya puede ser el preámbulo de consecuentes acciones arriesgadas contra el puntero López Obrador, al que en algunas encuestas de opinión ya están colocando a menor distancia de un insólitamente progresivo Meade. ¡Hasta mañana, con Peña Nieto también al habla: No respondo a nadie ni me voy a meter en este proceso electoral!

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