e manera inopinada y brusca, como es su estilo, el presidente estadunidense, Donald Trump, determinó seguir adelante con su determinación de imponer aranceles de 25 por ciento a las importaciones de acero y de 10 a las de aluminio, y exentar por ahora de esa medida proteccionista a México y a Canadá. Horas antes del anuncio, el ministro canadiense de Comercio, François-Phillipe Champagne, había reiterado la postura de su gobierno de no aceptar aranceles por parte de Washington. La excepción decidida por Trump fue interpretada como una manera de presionar a sus socios y vecinos comerciales a hacer concesiones en otras áreas de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y urgirlos a una rápida firma del documento.
Así, lo que en principio podría verse como una buena noticia para México no necesariamente lo es: las exportaciones mexicanas de los productos referidos al mercado vecino no representan una parte significativa del intercambio bilateral, pero es claro que los representantes estadunidenses usarán la exención de los aranceles en cuestión como una supuesta concesión y una muestra de flexibilidad y, por lo que demandarán a cambio ventajas adicionales en el texto del TLCAN. Ello resulta particularmente inquietante si se considera la postura de debilidad desde la que sus contrapartes mexicanas acuden a las pláticas, postura que se enfatizó tras el viaje a esta capital del administrativamente degradado Jared Kushner, quien sin embargo fue recibido con visos de jefe de Estado por las máximas autoridades nacionales.
Pero el recrudecimiento de las presiones del vecino del norte en el contexto de la renegociación del acuerdo comercial trilateral no es necesariamente lo más preocupante del episodio. Ocurre que, con el anuncio de las políticas proteccionistas en los rubros del acero y el aluminio, Estados Unidos ha provocado respuestas adversas por parte de Europa occidental, China y los países de la región Asia-Pacífico: los gobiernos correspondientes adelantan ya sanciones y contramedidas para hacer frente a lo que parece configurarse como una guerra comercial en forma. Y México corre el riesgo de quedar atrapado en ese conflicto, en la medida en que muchos de sus productos de exportación tienen componentes estadunidenses que podrían, por ello, ser objeto de sanciones comerciales.
En general, el conjunto de las exportaciones estadunidenses fabricadas parcialmente con insumos mexicanos puede caer en el ámbito de las contramedidas que una amplia porción del mundo adoptará ante el proteccionismo de Washington. Y todo ello, sumado, puede traducirse en una caída de las ventas a Estados Unidos y a otros países, lo que no sólo conllevaría una reducción en la balanza comercial con el vecino del norte sino con el exterior en general, además de que inhibiría la crucial diversificación de nuestras exportaciones.
Con este telón de fondo, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, participó ayer en la capital chilena en la firma del Acuerdo Global y Progresivo para la Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), un sucedáneo ligero del Acuerdo Transpacífico que Trump se negó a firmar. El nuevo convenio hereda las partes más lesivas para la soberanía institucional de su frustrado antecesor, y queda para una reflexión posterior la viabilidad de participar en ambas instancias –el TLCAN y el CPTPP– en un escenario de ofensivas proteccionistas como el que las decisiones de Trump amenaza con desatar.
En estas nuevas circunstancias cabe insistir en la pertinencia de que el actual gobierno nacional se retire del proceso de renegociación del instrumento de libre comercio con Estados Unidos y Canadá a fin de permitir que el país cuente con condiciones internas y externas más propicias para lograr un convenio mínimamente justo, equitativo y benéfico para México.
