Funcionarios del Estado mexicano defendieron este martes lo realizado por el actual gobierno en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca), al tiempo que organizaciones de la sociedad civil pusieron en duda que haya avances sustantivos en la materia y subrayaron que las autoridades únicamente buscan mantener una imagen aceptable de México en el extranjero.

Durante las audiencias del examen a que fue sometido el país en este ámbito ante el Comité de Naciones Unidas para los Desca, la delegación gubernamental, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, dio respuesta a varios de los señalamientos que se le habían formulado desde el lunes anterior.

Los funcionarios señalaron, por ejemplo, que sí hay acciones de las autoridades para sancionar e inhabilitar a servidores públicos que hayan incurrido en actos de corrupción, y que el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas ha aumentado tanto su presupuesto como sus medidas de cuidado a ambos gremios.

De igual forma, indicaron que se han tomado medidas para resolver la epidemia de obesidad y sobrepeso, reducir la mortalidad materno-infantil y ayudar a la población víctima de desplazamiento forzado interno, como la afectada por el conflicto en Chalchihuitán, Chiapas.

En el mismo tono, los representantes del Estado mexicano defendieron la viabilidad y los resultados de programas sociales, como la Cruzada Nacional contra el Hambre y las reformas estructurales impulsadas por el gobierno actual, entre ellas la educativa.

Por su parte, diversos especialistas de la ONU cuestionaron a la delegación oficial de México por temas como los problemas en la calidad de los servicios educativos, la desigualdad en el acceso a oportunidades de desarrollo para grupos vulnerables, el escaso índice de registro de patentes y la falta de inversión suficiente en ciencia y tecnología, entre otros puntos.

Mientras, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó la urgente necesidad de que el gobierno cuente con un presupuesto público elaborado, ejercido y vigilado con perspectiva de garantías fundamentales para que no se descuiden las exigencias de los grupos prioritarios y los sectores que padecen los mayores niveles de marginación.

Tras la audiencia, Marcos Arana, director del colectivo Defensoría del Derecho a la Salud –presente en la audiencia de Ginebra–, indicó en entrevista con La Jornada que la respuesta del Estado mexicano a las preguntas de los expertos de la ONU sobre Desca estuvo basada nuevamente en afirmar que hay leyes y programas para resolver diversas problemáticas, pero sin analizar su efectividad real.

En muchos de los temas planteados hubo una respuesta muy pobre y contrasta con lo que los mismos miembros del comité ya saben sobre el país. Fue una actitud de cuidar al gobierno con la intención de mantener una imagen aceptable del país en el extranjero, puntualizó el activista.