Uno de los mayores retos de la ley de desapariciones es establecer un registro confiable de las víctimas de este fenómeno, señaló Karina Ansolabehere, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad.

Al participar en el seminario Desapariciones en las postransiciones a la democracia, realizado en Flacso México, la experta indicó que hay una gran oportunidad en la nueva ley: hacer un registro que incorpore multiplicidad de fuentes.

No sabemos, dijo, cuántas son las personas ausentes en el país. Los 33 mil reportados corresponden a extraviados y desaparecidos, pero no se ha hecho un cálculo de la cifra negra del subregistro. Señaló que esa cifra se deriva de las averiguaciones previas, de las tarjetas de investigación y de las fiscalías.

Detalló que 45 por ciento de quienes desaparecen, lo hacen en lugares relacionados con las víctimas, 15 por ciento en centros económicos y comerciales y 35 por ciento en la vía pública; sobre la forma en que el fenómeno ocurre, precisó que 65 por ciento es en eventos colectivos (es decir, más de una persona) y 35 por ciento en individuales.

En relación con las posibilidades de encontrar a quienes ya no están, informó que 79 por ciento de los afectados continúan desaparecidos, únicamente un pequeño grupo es encontrado con o sin vida, en 16 por ciento no se especifica cómo son hallados, tres por ciento vuelven con vida y dos por ciento muertos.

Sobre quién perpetra la desaparición, señaló que 26 por ciento son agentes estatales y en 74 por ciento de los casos no hay evidencia suficiente para señalar a responsables. Sin embargo, diversos relatos indican que quienes se los llevan iban vestidos de negro y con armas largas.

Del total, en 37 por ciento de los sucesos se indica que son policías municipales, 17 por ciento estatales, 9 por ciento federales, tres por ciento estatales y federales, y dos por ciento una autoridad sin identificar.

Sobre la reacción de las autoridades frente a la denuncia, dijo que siempre la primera respuesta es “disuasiva: ‘váyase a su casa, no quiera que esto le pase al resto de su familia’”. Sólo en 38 por ciento se toma denuncia en primer lugar, la mayoría debe tocar hasta 10 puertas para ser escuchados.

Leigh Payne, profesora investigadora de la Universidad de Oxford e integrante del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad, destacó que se debe hacer visible el fenómeno en México, porque es generalizado, no únicamente es Ayotzinapa; todas las desapariciones son diferentes, pero existen patrones, por lo que llamó a romper los mitos y las versiones oficiales sobre el desaparecido y el perpetrador.

Bárbara Frey, profesora investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota y del observatorio, insistió en la naturaleza generalizada de las desapariciones en Coahuila y de la acción conjunta del crimen organizado y la policía (...) no hemos inventado estos hallazgos. Comentó que también las fuentes de los reportes son diarios locales, estatales y federales y destacó que los periodistas son un grupo vulnerable en México.