Las imágenes recorrieron rápidamente las redes sociales y los medios de comunicación: las hermanas Nefertiti y Grecia Camacho Martínez, de 16 y 14 años de edad, respectivamente, se dirigían el pasado 10 de marzo al cine, pero terminaron muertas en la vía pública, ensangrentadas y con la presunta evidencia de la ejecución extrajudicial por parte de policías de Río Blanco, Veracruz, y la posterior siembra de armas para justificar los hechos.

Las fotos que muestran lo anterior, tomadas por los vecinos y subidas a Internet, no fueron suficientes; al contrario, cinco días después el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, y el fiscal, Jorge Winckler Ortiz, exculparon a los policías argumentando que ellos repelieron un ataque armado de las menores, a quienes vincularon al crimen organizado y desacreditaron por tener tatuajes y no ser parte de la gente normal.

Para Iván Gidi Blanchet, director de la Organización Nacional Anticorrupción (Onea), de Veracruz, la reacción del gobernador y su fiscal ante esta presunta ejecución extrajudicial es grotesca, por lo que exigieron que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso, debido a la falta de independencia de la fiscalía, subordinada al panista Yunes Linares.

Las fotografías donde se ve a una menor maltrecha, todavía sentada junto al policía y luego aparece ejecutada, son aterradoras. Esas imágenes son un indicio y exigimos una investigación que esclarezca lo que sucedió y que se castigue a los responsables. Eso es algo que no podemos esperar con el gobernador ni con su fiscal; a ellos no les interesa la justicia, sino sólo taparse, dice en entrevista con La Jornada.

En este operativo también murió el joven José Eduardo García Aguilera.

Sólo eran unas niñas

En México, cada día son asesinados tres niños o niñas y adolescentes, según datos presentados por organizaciones de la sociedad civil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), existen muchas evidencias de que en el caso de las hermanas Camacho Martínez la escena del crimen fue alterada y por tanto se trata de un crimen de Estado: Es una posible ejecución extrajudicial, asociada a feminicidio, dice en entrevista con La Jornada.

Añade: Es muy evidente que en este operativo se ven dos mujeres, claramente niñas. No hay sentido común, no hay lógica que permita justificar esta ejecución, incluso considerando esa mentira de que iban armadas, tendría que haberse salvaguardado su integridad.

Explica que ya presentaron el caso ante la CIDH, el Comité de los Derechos del Niño –de la Organización de Naciones Unidas–, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría Federal del Menor, para que intervengan.

Las fotos que han circulado de una de las niñas, rendida, sin armas, dan cuenta de que hubo oportunidad en donde se pudo no responder con fuego. Todavía considerando está criminalización misógina que están haciendo el fiscal y el gobernador, resulta muy grave que las instituciones usen los recursos en contra de los ciudadanos, afirma.

El artículo 77 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala que es violación a la intimidad de éstos “cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación… y que menoscabe su honra o reputación”.

Por eso, considera como una criminalización misógina las afirmaciones del fiscal Winckler Ortiz contra las dos niñas: “Informar si vivían o no en su casa, si tenían novio o tatuajes, no tiene ningún sentido. El método tradicional para no investigar, para sustentar verdades históricas y para proteger la corrupción policial es criminalizar a las víctimas”, asegura.

Considera grave el aumento de las ejecuciones extrajudiciales producto de la militarización de las policías en distintos estados de la República: “No estamos frente a un hecho aislado: el abuso policial, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales están sucediendo cuando la letalidad se usa contra presuntos responsables.

“Son dos niñas que fueron asesinadas por ser mujeres. Es una expresión del machismo institucional que castiga a las mujeres que salen de lo normal, según ellos. Es una manera para justificar socialmente la no investigación de este caso. Por eso es urgente que la indagatoria la atraiga la PGR, porque hubo alteración en la escena del crimen, hubo una posible víctima al menos no armada y ejecutada, un abuso en la capacidad y respuesta de fuego de estos policías, que no optaron por priorizar la vida y decidieron la ejecución”.

Insiste en la urgencia de atraer el caso al ámbito federal, porque, dice, el presidente del Sistema de Protección Integral de Niños y Adolescentes de Veracruz es el propio Yunes Linares: “El gobernador olvidó su responsabilidad legal frente a la protección de niños y niñas, en este caso el de dos niñas posiblemente ejecutadas por sus policías. Y se convirtió en el defensor de éstos, sosteniendo una verdad histórica y el cierre del caso”.

Advierte que este caso no se cierra sólo con la declaración de un gobernador: Es conocida la incapacidad de Yunes Linares y su falta de conocimiento de las leyes y su espíritu contrario a los derechos humanos. Su sola implicación en esas declaraciones lo hacen responsable de estos crímenes, que son claramente crímenes de Estado, no sólo porque se usaron recursos públicos, sino porque fueron perpetrados por policías. Se puso en marcha todo el aparato del Estado en contra de las víctimas, con clara intenció de ocultar la verdad de los hechos y cubrirlos con impunidad.

Veracruz, en las cavernas

De acuerdo con versiones de medios de comunicación de Veracruz, que citaron testigos, las menores intentaron explicar a los policías que solamente pasaban por el lugar. Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos, la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz declaró que no puede iniciar de oficio una investigación en este caso.

Ante todas estas irregularidades, ante la falta de independencia, de autonomía de la comisión y por parte de la fiscalía, no podemos confiar en que se vaya a conducir una investigación a fondo, de hecho dieron carpetazo al sunto en el mismo momento en que sucedió, señala Iván Gidi Blanchet.

Afirma que el gobernador Yunes Lunes insiste en ignorar el problema de inseguridad y violencia que están viviendo: “En Veracruz tenemos un fiscal, un muchacho, un fiscalito carnal que era el abogado de la familia Yunes, y que entró por la puerta trasera a la fiscalía sin ningún mérito profesional más que su subordinación al gobernador, y se ha distinguido por su insensibilidad en el trato con las víctimas”.

Añade: “La constante del gobernador y de sus empleados es la criminalización, la revictimización, tratar de justificar lo que sucedió diciendo que estas chicas tenían tatuajes y habían abandonado la escuela, que estaban vinculadas con gente que tenía modos ‘no normales’ de vivir. Es una conducta retrógrada de nuestras autoridades. Por eso estamos pidiendo que el caso sea atraído por la PGR, porque no podemos esperar justicia con estos señores”.

Considera que estas dos menores están siendo criminalizadas por su condición de pobreza: “Si estuviéramos en lo que la sociedad llama ‘gente bien’, la narrativa sería completamente distinta. Estamos frente a unas menores vulnerables. Precisamente eso es lo que facilita la narrativa oficial para acomodarla de la manera que mejor les convenga”.

Sin embargo, dice, no hay justificación para que hayan usado la fuerza letal sin ajustarse a ningún protocolo sobre una niña y una adolescente: Lo que declara el gobernador es aberrante, porque asegura que ellos no matan gente inocente ni gente de bien, sólo delincuentes. Es una falta de respeto por la vida. No importa lo que hubieran sido. Independientemente de que anduvieran en malos pasos o hubieran delinquido, existe la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso, entre otras garantías individuales que se debieron haber respetado. Pero en Veracruz estamos entre cavernícolas que se solapan los unos a los otros.

Cuenta que el gobernador Yunes Linares ha violentado todas las instituciones democráticas al colocar a su gente en los puestos claves de procuración de justicia, que le aseguran impunidad: “Ha puesto a su abogado personal como fiscal, a su secretario particular como magistrado anticorrupción, a su cuate como presidente del tribunal, a sus empleados como diputados… y todavía quiere dejar a su hijo como sucesor. Insisto, estamos viviendo aquí en las cavernas”.

Concluye: La actitud de Yunes Linares es repugnante. Ante los brutales homicidios de dos niñas y los presuntos vínculos de su gabinete de seguridad con el crimen organizado, el gobernador ha decidido hacer como que no sabe. Los veracruzanos estamos en una situación total de indefensión y somos rehenes de unas pocas familias.