A un mes de que concluyan los trabajos del Senado, el Partido Acción Nacional (PAN) demandó la creación de una comisión especial que brinde acompañamiento para los deudos de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos y solicitó que la Secretaría de Gobernación informe de los procedimientos administrativos contra Tomás Zerón de Lucio y saber cuál fue la fundamentación para nombrarlo secretario del Consejo de Seguridad Nacional.

Del mismo modo, los panistas exhortaron al secretario de la Función Pública a que informe de la existencia de los procedimientos administrativos existentes contra Tomás Zerón de Lucio, de 2006 a la fecha.

También pidieron a la Suprema Corte de Justicia atraer los amparos o recursos interpuestos por los deudos de las víctimas del caso Ayotzinapa. Esto por ser de interés y trascendencia para la vida nacional y por no existir criterios relacionados a la facultad de acción penal y administrativa después de la reforma constitucional del artículo 109, en 2015.

La bancada panista presentó un punto de acuerdo con esas propuestas, y en el caso de la creación de la Comisión Especial, fue turnado a la junta de coordinación política, para que presente al pleno esa solicitud.

Los senadores del blanquiazul refieren que el 15 de marzo pasado se publicó el documento Doble injusticia: informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa por la Organización de las Naciones Unidas, en las que afirman lo siguiente:

“La ONU-DH encontró que la diligencia llevada a cabo el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan, fue conducida en violación al debido proceso y a las garantías judiciales. La oficina cuenta con fuertes elementos de convicción para considerar que Agustín García Reyes (cuyo caso es uno de los 34 documentados por la oficina) habría sido detenido arbitrariamente y torturado antes de la diligencia.

También se ha documentado que fue llevado al río San Juan sin el registro adecuado, donde fue interrogado sin la presencia de su abogado, por el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR (Tomás Cerón), aunque éste no tenía mandato legal para hacerlo.

La bancada panista señala que la ONU no sólo encontró que el director de la AIC, Tomás Zerón, participó en diligencias ilícitas –posible motivo de que nunca se sepa la verdad histórica–; sino que también, bajo su mandato se probaron 34 casos de tortura, detención arbitraria y uso de las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en PGR para ese fin.