Un juez de Chihuahua negó la competencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para atraer la investigación por peculado agravado que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez –ex secretario nacional adjunto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y operador político de Manlio Fabio Beltrones– y otros dos ex funcionarios del gobierno de César Duarte Jáquez (2010-2016) implicados en el presunto desvío de 250 millones de pesos a las arcas del tricolor.

Los recursos federales habrían sido desviados desde la Secretaría de Educación estatal; por ello, el pasado 16 de febrero Gerardo Moreno García, juez federal de la Ciudad de México, resolvió solicitar la atracción de los casos de Alejandro Gutiérrez, Enrique Antonio Tarín, director de adquisiciones de la Secretaría de Hacienda en el gobierno de Duarte, además de Gerardo V. M., ex director de Administración de la Secretaría de Hacienda local.

La noche del lunes, al concluir la audiencia de más de 10 horas y después de que el Ministerio Público y los abogados de los imputados expusieron sus argumentos, el juez local Alejandro Legarda Carreón dijo que los imputados han interpuesto varios amparos en contra de los juicios que enfrentan, los cuales fueron rechazados por jueces federales.

Explicó que si los jueces que determinaron improcedentes los amparos no consideraron que el caso eran de competencia federal, por lógica debe permanecer en el ámbito local.

La FGE informó que el juez de control del distrito judicial Morelos resolvió que los elementos de prueba obtenidos por la FGE resultan suficientes para continuar el proceso en contra de Alejandro Gutiérrez.

En la audiencia se expuso que, de acuerdo con revisiones practicadas por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública federal se determinó que los recursos desviados se tomaron del erario local y los fondos de las asignaciones federales del ramo 23 correspondientes a provisiones salariales y económicas se aplicaron al objeto convenido con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que estos últimos no tienen relación con el desvío.

La FGE argumentó que la causa penal debe permanecer en el ámbito local debido a que la triangulación de recursos se realizó en Chihuahua y los recursos fueron depositados en 2016 en la cuenta 4058556945 del banco HSBC, de la Secretaría de Hacienda estatal.

Con esta resolución, un tribunal colegiado de circuito deberá resolver si la presunta triangulación de recursos estatales para financiar campañas del PRI es de ámbito federal o del fuero común.

Confiamos en que el tribunal colegiado ratificará la decisión del juez local. Si se observan las resoluciones de la justicia federal en otros juicios de amparo sobre los mismos delitos que se imputan a Alejandro Gutiérrez, no hay duda de que se trata de un peculado de carácter local y que corresponde en exclusiva a las autoridades estatales su desahogo, declaró el gobernador Javier Corral Jurado.

Entre diciembre de 2015 y octubre de 2016, Gerardo V. M. y Enrique Antonio T. G. habrían simulado la realización de dictámenes de excepción a licitaciones públicas y actas de adjudicación directa, así como contratos con sus respectivos pagos y facturación, para desviar 250 millones de pesos destinados a programas educativos en la entidad y a la elaboración de manuales de servicios aéreos.

A Alejandro G. G. se le imputa haber designado a las empresas con las cuales se celebraron los contratos para el desvío de los recursos.

En febrero pasado, Corral Jurado acordó con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, la entrega de 900 millones de pesos para el gobierno estatal, agilizar la extradición del ex gobernador César Duarte, el traslado de Alejandro Gutiérrez a un penal federal y dejar sin efecto las multas de la PGR al fiscal general de Chihuahua y a otros tres servidores públicos de esa entidad por no entregar la información requerida para investigar presuntos actos de tortura en contra de Alejandro Gutiérrez.

Interno en el Centro de Reinserción Social número uno de Aquiles Serdán, Chihuahua, el ex secretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, detenido el 20 de diciembre, alegó tortura, por lo cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó medidas cautelares. El ombudsman también pidió peritajes médicos a la PGR, y la información con que contaban el secretario general de Gobierno de Chihuahua, la fiscalía y el centro de reinserción.