La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) investigará a Margarita Zavala, Jaime Rodríguez, Armando Ríos Piter, así como a los auxiliares que participaron en la obtención de registros para lograr la candidatura presidencial, además de que indagará a las empresas que vendieron datos e hicieron mal uso del Registro Nacional de Electores, señaló Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños.

El titular de la Fepade reconoció en entrevista con La Jornada que la legislación electoral no tiene un tipo penal para sancionar a los candidatos que presenten firmas falsas para obtener la candidatura presidencial, pero como se han utilizado ilegalmente documentos del Registro Nacional de Electores, y eso sí es delito, se puede sancionar a todos los que se les demuestre participación en ello, con penas que van de tres a siete años de prisión.

Díaz-Santana refiere que el organismo que dirige ha recibido de septiembre a la fecha mil 600 denuncias relacionadas con el actual proceso electoral, y de ellas se han iniciado de 700 carpetas de investigación, aunque 80 por ciento de estos casos tiene que ver con cuestiones que se identifican como turismo electoral (cambiar de domicilio para votar en circunscripciones distintas al domicilio real y beneficiar a algún candidato), y en 117 casos se trata de cuestiones que involucran la competencia electoral por cargos de elección.

Aseguró que la Fepade ha trabajado muy bien, tanto con el Instituto Nacional Electoral (INE) como con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Son las instituciones responsables de la operación del proceso electoral, y nuestra relación ha sido cercana y cordial. Refirió que institucionalmente no hace juicios de valor sobre las decisiones de los otros organismos.

–Ya hay una denuncia formal para que se investigue la utilización de registros falsos por candidatos independientes a la Presidencia de la República; hay un tiempo…

–No se pueden establecer tiempos en la vía penal electoral. Esto es distinto con respecto a la administración electoral, ya que tanto el INE como el TEPJF actúan de manera rápida, porque así establece la legislación y tienen que resolver muy rápido.

“En cambio, el proceso de la investigación es más largo; tenemos que recibir una denuncia, abrir una carpeta de investigación, indagar y depende de las pruebas que nos pueden presentar, que se facilite la actividad de la Fepade; pero si es una denuncia con pocos datos, tenemos que trabajarla y se requiere mayor temporalidad. En ese contexto, la demostración de la presunta recolección de firmas falsas –presunta porque nosotros tenemos que demostrar que hubo un ilícito– va a depender de las pruebas que nos presenten. Tras la denuncia del INE [contra Margarita Zavala, Armando Ríos Piter y Jaime Rodríguez] estamos esperando que nos presenten las evidencias. Aún no sabemos cuántas vamos a recibir, si 100, mil o 200 pruebas. Desconocemos aún quiénes son los auxiliares que recolectaron la información y si ésta se levantó en un momento en que prácticamente hubo muchas firmas y se puede apreciar una conducta [delictiva] típica; si es así, ayudará a resolver mucho más rápido el expediente, o si simplemente la documentación que llega es mucho más genérica y tendríamos que empezar desde un primer escalón.”

–Hubo una primera denuncia de compra u obtención irregular de registros…

–La primera denuncia que recibimos fue por 74 firmas que se recolectaron de manera irregular y que pudieran tener relación con los diputados independientes que se presentaron, pero ahora es público que la denuncia que se recibió por parte del INE se relaciona con candidatos a la Presidencia.

Podría ser que el primer asunto tenga relación con el otro, y lo que estamos haciendo es investigar los hechos por separado, pero si vemos que todo es parte de un mismo proceso, pues tendremos que hacer la resolución al respecto y todavía no podemos hacer juicios de valor.

–¿La investigación y las sanciones pueden abarcar a todos los involucrados, desde los candidatos hasta los auxiliares que recolectaron la información?

–Aunque tenemos una ley electoral reciente [2014] y tenemos una ley que es única en el mundo, porque contiene más de 200 conductas electorales ilegales, nos damos cuenta de que la configuración normativa no es suficiente, no hay un tipo penal para los candidatos que presenten firmas falsas… No hay.

Sin embargo, lo que hemos apreciado es que en este proceso se han utilizado de manera irregular documentos del Registro Nacional de Electorales, y ese sí es delito. En ese sentido, ya es público que la Fepade, en lo que respecta a los candidatos ciudadanos ya judicializó a dos personas por cometer este tipo de delitos, y el juez aceptó el inicio del proceso y las partes tenemos un plazo de tres meses para presentar pruebas.

–¿En determinado momento hasta dónde alcanza con la legislación que se tiene para sancionar la alteración de documentos del Registro Nacional de Electores?

–La sanción alcanzaría a todos los responsables.

–Ante esto, ¿la Fepade también está investigando el uso o venta del padrón electoral?

–La investigación tiene que ser completa, de manera que si el padrón se utilizó para la presentación de firmas falsas, se tiene que ir hacia donde proceden las firmas; también si las personas lo compraron o se los proporcionaron, e históricamente la fiscalía ha obtenido sanciones para directivos de empresas que han vendido el padrón electoral desde 2003, y al detectar una conducta ilícita, automáticamente se inicia una investigación.