La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no decidirá sobre la siembra del maíz transgénico, como erróneamente señala la empresa Monsanto, sino sobre la constitucionalidad de las acciones colectivas, y no se puede comparar este caso con el del algodón y la soya; son diferentes, indicó René Sánchez Galindo, abogado de la Colectividad del Maíz, que presentó la acción colectiva contra la siembra del grano genéticamente modificado.

Ante el señalamiento de Monsanto acerca de que el maíz, alimento básico de los mexicanos, no es diferente a otros cultivos, Sánchez Galindo se refirió a que el algodón transgénico se siembra porque no hubo quién lo defendiera y se han encontrado rastros del producto comercial en el producto nativo. En el caso de la soya, faltó la consulta a las comunidades y a Monsanto se le suspendieron los permisos de siembra en 2017.

Explicó que el proceso judicial se lleva desde 2013, cuando se presentó la acción colectiva y un juez, como medida precautoria, ordenó la suspensión en la entrega de permisos de las secretarías de Agricultura y de Medio Ambiente. La SCJN resolverá la constitucionalidad de las acciones colectivas y si el juez puede dictar medidas pertinentes para proteger a la colectividad o no. La industria dice que es inconstitucional dictar medidas de protección, pero nosotros decimos lo contrario; en cualquier caso se deben estudiar los derechos de la contraparte y hacer una valoración sobre qué causa más daño: si la medida precautoria o la negación de ella.

En entrevista, añadió que si la corte analizara el daño ocasionado por eso producto, se vería que, por ejemplo, un estudio de la empresa muestra que con el uso de transgénicos se eliminaría el hongo conocido como huitlacoche.

Detalló que las medidas cautelares están basadas en que México es centro de origen, lo cual no se impugna, y se demostró la presencia no autorizada de transgénicos del maíz, con documentos del Instituto Nacional de Ecología y Senasica, que intentaron ocultar tanto en Semarnat como en Sagarpa.

No sólo son ambientalistas los que se oponen, también lo hacen grupos científicos expertos en el tema, es una forma despectiva de referirse a los opositores, no nos queda ese saco. Hacemos una demanda colectiva de interés público, el de Monsanto defiente un interés empresarial.