Chilpancingo, Gro.

El fiscal del estado, Xavier Olea Peláez, presentó ayer por la tarde al Congreso local – en medio de una imparable ola de violencia– su renuncia irrevocable por motivos personales, como lo anunció en el palacio de gobierno, acompañado por el gobernador, Héctor Astudillo Flores.

Como encargado de despacho quedó el vicefiscal de investigación, José Antonio Bonilla Uribe, hasta que Astudillo Flores envíe una terna al Congreso para designar al suplente.

Xavier Olea asumió la fiscalía en diciembre de 2015, y se va sin resolver, entre muchos otros, los asesinatos de Dagoberto Domínguez Acevedo, regidor de Zitlala; Arturo Gómez Pérez, alcalde de Petatlán; Mariano Catalán Ocampo, aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Zihuatanejo, y el del priísta Adolfo Serna Noguera, quien buscaba ser presidente municipal de Atoyac de Álvarez.

Tampoco resolvió los homicidios de Gabriel Hernández Alfaro, aspirante del Partido Encuentro Social en Petatlán; Antonia Jaimes Moctezuma y Dulce Anely Rebaja Pedro, precandidatas priístas a diputadas locales por Chilapa; el de Homero Bravo Espino, precandidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a edil de Zihuatanejo, ni el del ex dirigente perredista Ranferi Hernández Acevedo.

Asimismo, deja sin aclarar los asesinatos de 28 reos del penal de Acapulco, perpetrados en julio de 2017; los de los periodistas de Taxco Francisco Pacheco Beltrán, ultimado el 25 de abril de 2016, y de Cecilio Pineda, perpetrado el pasado 3 de mayo. Tampoco resolvió el caso de los seis policías estatales ejecutados la semana pasada.

El secretario técnico del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, consideró que la renuncia de Xavier Olea es tardía, porque desde que asumió el cargo no demostró voluntad para resolver los casos de desaparecidos, ejecutados y desplazados, ni para brindar a las víctimas verdad y justicia.