Madrid.

La fiscalía española presentó un recuso que reitera que se trata de violación el abuso sexual contra una joven de 18 años por un grupo de cinco hombres que se autodenominaba La Manada. Este viernes el ministro de Justicia español, Rafael Catalá, fue abucheado en un acto público.

Los cinco jóvenes españoles –uno es militar y otro pertenece a la Guardia Civil– estuvieron en los San Fermines de Pamplona en julio de 2016. La madrugada del 6 de julio conocieron a su víctima, a quien acompañaron a su hotel. En un momento dado la metieron en un portal y ahí abusaron de ella, mientras se tomaban fotos y burlaban. El juzgado –integrado por dos varones y una mujer– concluyó que los hechos suponen abuso sexual, pero fueron absueltos del crimen de violación, gracias a lo cual recibieron una condena de nueve años de cárcel para cada uno, además de una indemnización de 50 mil euros para la víctima. La fiscalía y la acusación particular exigían 22 años de prisión para cada uno, pero los magistrados concluyeron que el delito no fue violación, pues no hubo violencia ni intimidación.

La sentencia provocó que decenas de miles de personas salieran a plazas públicas y calles de todas las ciudades para denunciar la justicia patriarcal y franquista, así como para mostrar su apoyo a la atacada.

En el Congreso, el gobernante Partido Popular (PP) informó que realizará una mesa de trabajo para emprender una reforma a la legislación en la materia, idea que fue respaldada por el resto de los partidos políticos de forma unánime.

La iniciativa coincidió con el anuncio de la fiscalía de que presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra para que reconsidere la sentencia. Si se confirmara llevaría el caso hasta el Tribunal Supremo (TS), donde los magistrados del máximo órgano judicial podrían sentar jurisprudencia. La fiscalía insistió en que de los hechos probados y de la propia sentencia se concluye que, durante el ataque, se perpetró una violación y que, como se demostró en el juicio y en el propio video que se aportó, durante el ataque se actuó con violencia e intimidación.

El presidente del TS y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, lamentó las críticas a la sentencia de las personas que ostentan responsabilidades públicas, al considerar que se compromete gravemente la confianza que nuestro sistema de justicia merece de los ciudadanos, debiendo recordarse que es nuestra Constitución la que establece una justicia impartida por jueces y magistrados profesionales, independientes e imparciales.

La organización de defensa de los derechos de las mujeres Women’s Link presentó una denuncia ante el CGPJ para que abra un expediente disciplinario al magistrado que dio un voto particular, en el cual advirtió que durante la grabación del ataque él percibió que se dio en un ambiente de jolgorio y regocijo. Esta actuación judicial está plagada de prejuicios y estereotipos de género. A la organización le preocupa que no se está respetando el principio de igualdad y no discriminación en la impartición de justicia y queremos denunciar que este tipo de decisiones son injustas y que su contenido es discriminatorio y, por lo tanto, sancionable, advirtió la organización.

Entre las muestras de apoyo a la víctima está la que las monjas Carmelitas Descalzas de Guipuzcoa, publicaron en redes sociales: Nosotras vivimos en clausura, llevamos un hábito casi hasta los tobillos, no salimos de noche (más que a Urgencias), no vamos a fiestas, no ingerimos alcohol y hemos hecho voto de castidad. Es una opción que no nos hace mejores ni peores que nadie, aunque paradójicamente nos haga más libres y felices que a muchos y muchas. Y porque es una opción libre defenderemos con todos los medios a nuestra alcance el derecho de todas las mujeres a hacer libremente lo contrario sin que sean juzgadas, violadas, amedrentadas, asesinadas o humilladas por ello.