A cuatro años de que los sindicatos que reciben recursos públicos se convirtieran en sujetos obligados, tras la reforma constitucional en materia de transparencia de 2014, la enorme mayoría de estos organismos se mantiene en la opacidad y no rinde cuentas de forma adecuada sobre diversos aspectos, entre ellos los fondos que manejan.

El nivel de incumplimiento de sus obligaciones de transparencia es tal, que la calificación promedio de los 135 sindicatos incluidos en dicho análisis es de apenas 26 puntos en una escala de cero a 100.

De igual forma, el rezago es evidente que sólo 26 organizaciones gremiales (19 por ciento del total) tienen un avance de 50 puntos o más, e incluso hay 33 (24.4 por ciento) que registran cero puntos.

Lo anterior se desprende de la verificación diagnóstica elaborada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), en la cual se revisó la información que los propios sindicatos han hecho pública en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia.

De acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sindicatos deben cumplir con las obligaciones comunes previstas en el artículo 70 de la mencionada norma, pero también con las incluidas en el artículo 79, que se refieren a aspectos como los contratos y convenios con las autoridades, el directorio de su comité ejecutivo y su padrón de socios.

Sin embargo, una de las fracciones más importantes de ese artículo indica que los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán tener una relación detallada de esos fondos, ya sean económicos, en especie, bienes o donativos, y un informe detallado del ejercicio y destino final de los mismos.

Para determinar el nivel de cumplimiento de cada organización gremial, el Inai revisa una serie de variables –divididas entre criterios sustantivos y adjetivos–, que en total pueden llegar a ser más de 4 mil, en función de qué tipo de obligaciones le correspondan a cada organización.

Al analizar los resultados de la primera verificación diagnóstica del Inai, con cifras actualizadas al 19 de enero de 2018, la calificación promedio de los 135 sindicatos que se incluyen en el conteo es de sólo 26.07 puntos de 100 posibles, ya que la gran mayoría de estas organizaciones tienen niveles de avance ínfimos.

Los colectivos gremiales que alcanzaron puntajes más altos fueron los sindicatos Único de Trabajadores de Agroasemex (79.87), Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (78.59) y Único de Trabajadores del Banco de México (71.28). Ellos encabezan el grupo de 26 que llegaron a 50 puntos o más.

En contraposición, los peor calificados fueron un total de 33 organizaciones que no registran un sólo punto de avance, entre los cuales se encuentra el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), dirigido desde hace 25 años por Carlos Romero Deschamps, actualmente senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los cero puntos en materia de transparencia de dicho sindicato llaman especialmente la atención, tomando en cuenta que como informó este diario (14 de agosto de 2017), Petróleos Mexicanos le entrega cada mes 16.8 millones de pesos, es decir, 202.4 millones al año. Además, en 2017 el STPRM registró un total de mil 330 trabajadores comisionados.

Otros sindicatos relevantes incluidos en el estudio son el Nacional de Trabajadores de la Educación (el más grande de América Latina, con más un millón de afiliados, y un puntaje de 51.63), el Nacional de Trabajadores del Seguro Social (64.80) y el de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (45.61).

La nueva verificación diagnóstica iniciará en mayo de 2018 y sus resultados se darán a conocer a finales de año. En esta etapa del proceso, podría haber sanciones para los sindicatos que no cumplan con sus obligaciones de transparencia.