El pueblo de Santa Fe y la asociación civil Vasco de Quiroga exigieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Secretaria de Obras y Servicios (Sobse) cumplir la resolución del juez octavo de distrito en materia administrativa de que se dé acceso a peritos en hidrología con el fin de verificar que no hay afectación a los cuerpos de agua subterráneos en las delegaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón, en los tramos II y III de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.

Ricardo Matías Galván, representante legal de los quejosos, dijo que esta resolución es en respuesta a una demanda de amparo, cuya suspensión se otorgó el 24 de marzo de 2017 contra la SCT, que realiza en el tramo II el bitúnel de La Marquesa a San Lorenzo Acopilco, y contra la Sobse, que está a cargo del tramo III, a la altura del Desierto de los Leones, de la salida del túnel doble a Observatorio. Sin embargo, no se realizado la inspección porque las dependencias no han permitido el ingreso de los peritos.

De acuerdo con el abogado, la respuesta más reciente de dichas autoridades al juzgado, con fecha del 7 de mayo, las dependencias piden copias del expediente de amparo, pero sin dar fecha y hora, como ordenó el juez, para que entren los peritos.

Los quejosos interpusieron el recurso de amparo en febrero del año pasado contra la construcción de la vía del Tren Interurbano México-Toluca, tramo II y III, ubicados entre Acopilco, Desierto de los Leones, La Presa y la barranca de Tacubaya.

Según el abogado, en marzo de 2017, a petición del juzgado, la SCT realizó un dictamen y posteriormente informó que había cambiado unos metros el trazo del tren en los manantiales de Santa Fe y que la construcción de las columnas en esa zona no dañaban los manantiales, porque sólo iban a perforar a una profundidad de 27 metros y que el acuífero se ubicaba a 35 metros.

Agregó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dijo desconocer el proyecto del Tren Interurbano en los tres tramos y no ha emitido hasta el momento ningún dictamen técnico de impactos a cuerpos de agua, pero la SCT alega que cuenta con el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el cual considera suficiente.

Para el abogado, este permiso es inconstitucional porque debió solicitarse la opinión técnica de la Conagua antes de autorizar el proyecto y el cambio de trazo.

Recordó que este último obedeció a una demanda social del pueblo de Santa Fe y de residentes de la zona económica de desarrollo controlado, que incluye la parte residencial, corporativa y comercial para que no cruzara por la avenida Vasco de Quiroga.

Indicó que ante el avance de las obras del tren, todos los colectivos que luchan para proteger los cuerpos de agua se unificaron aprovechando que se cuenta con una suspensión y la autorización de un juez para que se permita a peritos inspeccionar si hay o no afectaciones a los cuerpos de agua.