Dos meses después de que el gobierno de Jalisco intervino la policía municipal de San Pedro Tlaquepaque para investigar la presunta relación de algunos agentes con grupos del crimen organizado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó a trámite una controversia constitucional promovida por la alcaldesa María Elena Limón.

El ministro Arturo Zaldívar admitió a trámite la controversia constitucional en contra del gobernador Aristóteles Sandoval por su decisión de asumir el control de la policía preventiva municipal desde el 11 de marzo de este año.

En esa fecha el titular del Poder Ejecutivo jalisciense publicó en el periódico oficial un acuerdo con base en el cual se ordenó intervenir a la corporación para revaluar a sus integrantes, ante la sospecha de una posible infiltración del crimen organizado.

En el acuerdo de admisión, el ministro instructor ordenó emplazar a Aristóteles Sandoval para que presente su contestación dentro del plazo de 30 días hábiles.

El ministro instructor acordó también dar vista a la Procuraduría General de la República para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifieste lo que a su representación corresponda.