Bacalar, QR.

En la pequeña casa ejidal de Buena Esperanza los esperaron con recelo. Los funcionarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) llegaron y desplegaron su escenografía sin pedir permiso. Colocaron un proyector y una pantalla en la que se lee: Proceso de consulta indígena sobre organismos genéticamente modificados. Se colocaron al frente y, también sin solicitar consentimiento alguno, intentaron iniciar el procedimiento para que la empresa Monsanto pueda ¿o no? sembrar soya transgénica en la región, pasando por alto que la autorización está oficialmente revocada desde octubre de 2017. No lograron iniciar el procedimiento. Les dijeron que no tiene sentido esa consulta. Y los funcionarios insistieron en levantar un acta y hasta entonces se retiraron.

La escena se repitió en Nuevo Jerusalén y al día siguiente en Buena Fe. Y en el ejido El Paraíso el escenario cambió. Los funcionarios llegaron, intentaron de igual manera instalarse sin autorización alguna y se colocaron en la pequeña mesa de madera que preside las asambleas, pero Elsy López Estrella, comisariada ejidal, les pidió que se levantaran, pues es el lugar de las autoridades del pueblo. Les habló en maya. Su actitud era tan firme que no haría falta mucha traducción. Los funcionarios se miraron entre sí, no entendieron por qué habrían de pedir permiso cuando su costumbre es irrumpir como en las comunidades anteriores, comenta la comisariada. Su traductor les explicó. Ellos retrocedieron, fueron obligados a cambiar su actitud, explicaron sus intenciones y hasta ese momento pidieron permiso para colocar su proyector. Aquí no hay luz, les respondieron.

Doña Elsy les dejó claro que ella es comisariada ejidal, pero como el asunto es de la comunidad indígena, les toca tratarlo con la autoridad tradicional. La explicación sobre la interlocución correcta se repitió en las cuatro comunidades visitadas por los funcionarios. Pero, de cualquier forma, explicó la comisariada, no tiene caso hacer la consulta porque el permiso (a Monsanto) está revocado. Que quede claro que no nos estamos negando a nuestro derecho a ser consultados, pero por ahora está revocado el permiso y no hay ningún caso, no tiene ningún sentido. ¿Por qué quieren consultar algo que no existe? Todo a su debido tiempo.

Aquí se impone lo que en Europa se prohíbe

Lo que en países de Europa está prohibido, aquí se impone o se somete a consultas a modo, señaló Juan Bautista, de la comunidad La Buena Fe e integrante del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar. Cuando ese cultivo se hace en grandes extensiones se usan muchos plaguicidas y químicos, por lo que de un momento a otro nuestras aguas y nuestras tierras serán contaminadas. Por eso nos preguntamos en dónde está la ventaja de sembrar soya transgénica. Y no lo hacemos nosotros, sino los menonitas, que con el apoyo de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), arrasan con grandes extensiones de tierras.

José Manuel Jesús Puc, de la comunidad Nuevo Jerusalén y también integrante del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar y del Colectivo de Semillas Nativas Much Kanan I’inaj, explicó a Ojarasca que la soya no forma parte de sus cultivos. “Conozco de la milpa, mis abuelos nunca sembraban soya. Aquí se cultiva maíz, frijol, calabaza, menos soya. La soya ni la conocemos, menos la transgénica. Los químicos que se le echan nos van a perjudicar y por eso decimos ‘no’ a ese tipo de trabajo, porque las consecuencias las van a ver mis hijos, mis nietos, y eso es lo que no queremos”.

Por su parte, Eber Uc Rivero, de la comunidad maya Nuevo Jerusalén y acompañante del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, refirió que que 2012 la empresa Monsanto solicitó un permiso para sembrar soya genéticamente modificada por tiempo indefinido en un polígono que abarca Quintana Roo y otros seis estados del país. Se violaron una serie de procesos y se les concedió. Las comunidades iniciaron amparos ese mismo año y fue hasta 2017 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos amparó para llevar a cabo una consulta en cuatro de las comunidades a las que pertenecen los demandantes.

Posteriormente, en estudios realizados junto al Colegio de la Frontera Sur en Quintana Roo, se encontraron evidencias de que la soya transgénica se estaba cultivando en el estado, por lo que se advirtió ante el juez que no era posible que se desarrollara ninguna consulta sobre unos cultivos que ya se estaban desarrollando.

En ese momento la Corte suspendió temporalmente el permiso en tanto se lleve a cabo una consulta que, añade Heber Uc, no es de carácter vinculante, sino que sólo se usa para cumplir el requisito que el Estado tiene señalado dentro de sus normativas, pero quienes resuelven al final son las mismas autoridades del Estado.

En septiembre 2017 el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, instancia competente para supervisar los polígonos autorizados para la siembra de la soya, encontraron que Monsanto permitió la siembra de semillas transgénicas en polígonos no incluidos en el trámite, razón por la cual el permiso que se le concedió en 2012 quedó revocado, ya no sólo suspendido, por lo que ahora nos sorprende que la CDI y la Cibiogem, que tienen conocimiento de que no existe autorización vigente para el cultivo de soya transgénica, quieran venir a hacer una consulta. Esta es la razón, insiste Uc Rivero, de que las visitas de los funcionarios el 17 y el 18 de abril no tengan sentido.