La aceptación de dos juicios de amparo contra la Ley de Seguridad Interior (LSI) es una señal positiva, pues ambos recursos declaran la inconstitucionalidad de artículos fundamentales, lo cual puede hacer que el conjunto de la norma quede sin sustancia, afirmaron especialistas en temas de seguridad.

Catalina Pérez Correa, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, saludó la aprobación de ambos amparos, y recordó que forman parte de más de 500 juicios promovidos ante diversos juzgados, además de varias acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.

Este es un paso más en un proceso muy largo. Hay que estudiar las sentencias, pero ya es una llamada de atención muy poderosa e importante desde el Poder Judicial, afirmó la integrante del colectivo Seguridad sin Guerra.

Pérez Correa destacó que no es común que jueces de distrito declaren inconstitucional una ley, pero en este caso se trata de una norma muy controvertida, que se aprobó en circunstancias muy difíciles y con la oposición de organismos nacionales e internacionales, que es algo que nunca se había visto con otra ley.

El elemento más importante de ambos amparos, añadió, es que declaran la invalidez constitucional de artículos básicos de la LSI –como el segundo, que define qué es la seguridad interior–, por lo que al poner en entredicho el corazón de la norma, el resto puede quedar sin sustento.

Victoria Unzueta, especialista en temas de seguridad nacional, señaló que la aceptación de estos dos primeros recursos legales significa un paso importante para frenar el ordenamiento más cuestionado y recurrido en la historia moderna del derecho en el país.

Los amparos no son asuntos menores en términos de lo que sigue después, porque si bien es cierto que los otorgaron jueces de distrito, el asunto eventualmente llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí los ministros tendrán la obligación de pronunciarse.

De acuerdo con Unzueta, los amparos incluso tienen ciertas ventajas en comparación con las acciones de inconstitucionalidad u otros recursos similares, pues los primeros sí pueden proteger a quienes los promueven de la aplicación de todos los artículos de una ley y no sólo de algunos.

Esa es la importancia de que se hayan aceptado. Más allá de que la LSI sea constitucional o no, crea un estado de excepción que no está contemplado en la ley, y eso es muy grave, alertó.