Un año después de que se hiciera pública la investigación Gobierno espía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México, y de la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), la impunidad ha prevalecido, indicaron organizaciones que han seguido el caso.

A lo largo de este año “se ha fortalecido la convicción de que el gobierno federal estuvo detrás de los ataques con el malware Pegasus y de que no existe voluntad ni capacidad para llevar a cabo una investigación independiente, imparcial, exhaustiva y profesional”.

Agregaron que se han documentado en México más de 100 intentos de infección contra más de 20 periodistas, además de defensores de derechos humanos y activistas.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Red de Defensa de los Derechos Digitales y otras organizaciones, señalaron que la Agencia de Investigación Criminal reconoció haber adquirido licencias de uso para Pegasus y haberlo operado desde las instalaciones de la PGR en Ciudad de México. Pese a eso, ha argumentado que no cuenta con un registro de las personas que han sido vigiladas mediante el uso de ese programa.

Dijeron que la PGR, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, se ha negado a hacer una investigación diligente, profesional y con garantías de independencia, son las víctimas las que han recurrido al Poder Judicial de la Federación en busca de justicia.

Dijeron que se ha documentado que tras la contratación de Pegasus podría haber una trama de corrupción vinculada con miembros relevantes del gobierno federal. Sin embargo, las instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción desoyeron el llamado del Comité de Participación Ciudadana a formular el exhorto para que se investiguen también posibles delitos de ese orden.