La cifra de personas que buscan a un familiar desaparecido aumenta. En lo que va del año, la Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación con la Policía Federal, recabó 10 mil muestras de ADN en todo el país.

A eso se suman 14 mil 170 pruebas genéticas tomadas entre 2011 y 2017; hasta el momento la PGR cuenta con más de 24 mil perfiles genéticos de familiares de desaparecidos.

En entrevista con La Jornada, Abel Galván Gallardo, fiscal especializado en investigación del delito de desaparición forzada y cometida por particulares, explicó que esa información genética será incorporada al banco nacional de datos forenses, que se encuentra en fase de integración y deberá quedar listo en 2019.

Arrancamos con una campaña muy fuerte para obtener material genético de las familias, fue un trabajo conjunto con la Policía Federal, Servicios Periciales de la PGR y procuradurías locales. Esas muestras alimentarán el banco que la propia ley establece.

Esa cifra podría aumentar de manera considerable, pues todavía falta que las fiscalías y procuradurías de las entidades proporcionen información que poseen.

Hay bancos en cada entidad, cada dependencia resguardaba los perfiles, con la nueva ley se establece la figura del banco nacional de datos forenses bajo una sola plataforma en el país en donde no nada más la federación sino las entidades deberán alimentarlo y tendrán acceso a los perfiles en cualquier parte del país.

Como parte de lo establecido en la ley general en materia de desaparición forzada, el fiscal dijo que afinan los últimos detalles para tener listo el protocolo homologado de investigación.

Para eso lanzaron una consulta pública y “dar el punto final al protocolo, que sin duda será útil para el Ministerio Público y tendrá que estar publicado en el Diario Oficial de la Federación y autorizado por la Conferencia Nacional de Procuradores antes del 15 de julio”.

Galván señaló que también trabajan en la creación de la unidad de análisis de contexto, herramienta fundamental para que el Ministerio Público tenga un estudio integral de varios expedientes sobre desaparecidos que puedan estar relacionados entre sí.

Se debe garantizar a las familias que la implementación (del protocolo homologado de investigación) sea totalmente operativa de la mano con ellos y darle un giro de 360 grados con tareas específicas de investigación; antes, como no existía la ley no se obligaba, pero ahora es la búsqueda paralela a ella.