a decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) para, por primera vez, no recurrir a la inserción de encartes en medios impresos que faciliten a los ciudadanos la ubicación de las casillas donde podrán sufragar, lleva a reflexionar en torno a lo que en este caso constituye un virtual desplazamiento de los medios tradicionales, con el impreso en primer lugar, en favor de las plataformas digitales en Internet. El alcance de este conjunto de redes es innegable, pero las numerosas lagunas y dificultades que presenta en materia de regulación, y que facilitan la difusión de gran número de información difícilmente confiable, relativizan la eficacia que en teoría pueden alcanzar como vehículo de difusión.

El gobierno federal estima que en el territorio nacional 71 millones de personas tienen acceso a Internet, universo que para empezar no cubre a los 89 millones de ciudadanos incluidos en el padrón electoral. Además, el acceso al medio digital muestra un evidente sesgo en cuanto a nivel de ingresos (con un rezago entre los sectores marginados), la edad y la residencia en los espacios urbano y rural, aun cuando con relación a este último la autoridad electoral previó la inclusión de encartes en aquellas regiones rurales en las que se carece de conexiones fijas o móviles a la red.

Por otro lado, es preciso tomar en cuenta la contaminación informativa a que están sometidos los contenidos en línea, que redunda en una frecuente falta de credibilidad, en la medida en que en la red informática mundial –y de manera señalada en las redes sociales– son usadas por distintos actores para esparcir versiones especiosas, distorsionadas o falsas, tendencia que se ve exacerbada en periodos electorales. La razón de esto es una mezcla del interés ciudadano por los asuntos públicos, con la relevancia que tiene la elección de autoridades de gobierno.

En términos generales, y en el caso de México en particular, la preferencia que en esta ocasión muestran las autoridades electorales hacia Internet como herramienta de difusión y comunicación social, no va acompañada por una adecuada vigilancia de las prácticas que tienen lugar en ese contexto, y que fuera del ámbito virtual, donde los mecanismos reguladores están mejor definidos, constituirían claras violaciones a las disposiciones legales en materia comicial. Las fake news (noticias falsas) que a menudo se difunden en la red y cuyos orígenes se vuelven muy difíciles de rastrear por la naturaleza misma del medio, constituyen una verdadera tentación para los interesados en hacer propaganda partidista, y esta puede hacerse efectiva de contrabando (especialmente a través de las redes sociales, que al menos en el papel son para las personas y no para instituciones como los partidos), aun cuando nos encontremos en el periodo de veda propagandística, establecido para proporcionar a los ciudadanos unos días de reflexión, libres del bombardeo de los candidatos y sus equipos de trabajo.

No se trata, desde luego, de impugnar las innovaciones tecnológicas y de bregar por un nostálgico retorno en el tiempo, si no de enfatizar la certidumbre que son capaces de brindar los medios impresos respecto de unas plataformas digitales que si por un lado favorecen la participación democrática de gran número de ciudadanos, por otro suelen convertirse en generadores de rumores, equívocos e imprecisiones, cuando no directamente de confusiones y falsedades, inadvertidas o deliberadas.

En tal sentido, debieron las autoridades electorales haber considerado, junto a su decisión de informar sobre las casillas vía electrónica, la publicación impresa de esa información, a fin de que la misma llegue a todos los votantes del padrón electoral y no sólo a un sector.