Organizaciones y núcleos agrarios de Chiapas rechazaron los 10 decretos de reserva de agua firmados el 5 de junio, en particular el que abarca las 69 cuencas de la región hidrológica Grijalva-Usumacinta, pues no hubo consultas a los consejos de cuenca y los datos en que se basó la Conagua no son creíbles.

Dijeron que el objetivo de la cancelación de las vedas en esa región es para construir 79 represas hidroeléctricas y 19 minihidroeléctricas en el contexto de la privatización de la electricidad en el país; apoyar con agua a la minería a cielo abierto pues hay un millón de hectáreas concesionadas, así como apoyar con agua a la industria privada de hidrocarburos que abarca 509 mil hectáreas.

El Movimiento Indígena del Pueblo Zoque, entre otras organizaciones, dijo que el agua también se destinará a la zona económica especial de Tapachula (Puerto Chiapas), así como a instaurar una zona militar en la Sierra Madre.

Las organizaciones refirieron que los 10 decretos cambiaron el estatus de veda –prohibición para concesionar el líquido– para legalizar a la fuerza la privatización del agua en el país, fue la única salida que tuvo el gobierno federal tras fracasar en imponer una Ley General de Aguas privatizadora. Dijeron que para la región Grijalva-Usumacinta hay datos de estaciones hidroclimatológicas que tienen una tercera parte de credibilidad, según estudios científicos, por lo que los datos de las estaciones de aforo y medición de la Conagua son poco creíbles.

Explicaron que la consulta gubernamental fue una simulación, pues no se consultó a los núcleos agrarios ni a comunidades indígenas dueñas de la superficie que capta el agua en las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas.