Washington

El gobierno de Estados Unidos sancionó ayer, de acuerdo con la Ley Magnitsky, a tres altos funcionarios nicaragüenses cercanos al círculo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por violaciones a los derechos humanos y corrupción cometidos durante la actual crisis en el país centroamericano, que comenzó el 17 de abril y ha dejado cientos de muertos.

Los departamentos del Tesoro y de Estado indicaron que todos los bienes y activos que los sancionados tengan en Estados Unidos quedaron congelados y se les restringió el ingreso al país. También se prohibió a todo ciudadano estadunidense realizar transacciones económicas con ellos.

Los sancionados son Francisco Javier Díaz, subdirector de la policía nacional de Nicaragua y consuegro de Ortega, porque se implicó en serias violaciones a los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua que incluyen asesinatos extrajudiciales.

Otro es Fidel Moreno Briones, secretario general de la alcaldía de Managua y del Frente Sandinista de Liberación Nacional, por estar implicado en actos de violencia cometidos por supuestos miembros de la organización Juventud Sandinista y organizaciones de civiles armados pro gubernamentales en que han atacado a manifestantes.

Finalmente está José Francisco López Centeno, vicepresidente de la petrolera Albanisa, por robar millones de dólares y abusar de su puesto para ganar licitaciones para sus empresas y las de su familia. El Tesoro apuntó que la petrolera venezolana PDVSA es dueña de 51 por ciento de Albanisa.

Las sanciones fueron aprobadas según la Ley Magnitsky, que permite al gobierno estadunidense sancionar a acusados de violar los derechos humanos en el extranjero. En 2017 Washington impuso sanciones por violación de los derechos humanos y corrupción al presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Roberto Rivas.

En tanto, una incursión de policías y grupos armados dejó tres muertos en el poblado indígena de Sutiaba, en la ciudad de León, reportó el sacerdote Víctor Morales.