Acusan a Corral de violentar la autonomía de tierras comunales
Domingo 8 de julio de 2018, p. 24
Chihuahua, Chih.
Las seis personas detenidas el viernes en un desalojo realizado por policías estatales contra ejidatarios de la colonia rural Sacramento, los cuales pretendían impedir el cierre de una brecha para evitar el pago de peaje en la autopista Panamericana, fueron liberados bajo reservas de ley, informó el gobierno del estado.
Los liberados acusaron al mandatario Javier Corral de violentar la autonomía de sus tierras comunales, pues la brecha que construyeron en abril pasado para rodear esa caseta fue clausurada por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas estatal con el uso de la fuerza pública, pero se encuentra en terrenos que son propiedad de ejido Sacramento.
La detención de seis personas fue apegada a derecho y sin afectar la integridad o derechos de los ciudadanos, quienes después fueron liberados
, justificó la Fiscalía del estado en un boletín: Los arrestos por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, fueron resultado de que dañaron una barrera metálica y de concreto colocada legalmente por el gobierno del estado
; no obstante, familiares de los detenidos y activistas cuestionaron el uso excesivo de la fuerza pública.
La brecha que permite el libre paso de ejidatarios y habitantes de colonia Sacramento, ubicada a 30 kilómetros de la ciudad de Chihuahua, ha ocasionado pérdidas por más de 4 millones de pesos, informó la Secretaría de Hacienda estatal. Estimó que entre los meses de abril, mayo y junio de 2018, dejaron de cruzar por la caseta más de 47 mil vehículos.
Organizaciones sociales que acompañan a la comunidad y a las autoridades ejidales demandarán al gobernador Corral, pues la caseta de peaje se ubica en tierras ejidales y la actual administración estatal panista incumple un convenio firmado en 1988, que garantiza el paso libre a los habitantes de los ejidos y tasa preferencial en el pago de la caseta de peaje.
El cierre de la brecha, que abrieron los ejidatarios con maquinaria pesada en abril, ocurrió cinco días despues de los comicios. Los vecinos dijeron que el gobierno estatal prometió no intervenir hasta después de las elecciones, a cambio de que ofrecieran apoyo a los candidatos de Acción Nacional.