En los 50 puntos del plan anticorrupción y de austeridad republicana propuestos por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se establecen prohibiciones para el manejo de recursos públicos. Incluye –como adelantó La Jornada el jueves– la cancelación de fideicomisos y cualquier instrumento para ocultar fondos, así como el impedimento a funcionarios de Hacienda, Comunicaciones y Energía para asistir a fiestas, comidas, encuentros deportivos o viajes con contratistas.

Asimismo, prohíbe contratar despachos o consultores externos para elaborar proyectos de los servidores públicos, y en las contrataciones internacionales se dará preferencia a empresas de países cuyos gobiernos castiguen de manera consistente las prácticas de sobornos o de corrupción.

Irma Eréndira Sandoval, próxima secretaria de la Función Pública, explicó en entrevista que los lineamientos, difundidos cerca de la media noche del jueves, serán la base para las propuestas que emanen desde las distintas dependencias.

Es una directriz que López Obrador nos ha dado para echar a andar todos nuestros planes de trabajo y el entramado institucional lo tenemos casi listo. Vamos a aprovechar nuestras mayorías legislativas para avanzar en materia de fideicomisos, fondos y contratos, que es donde se esconde mucha malversación de recursos.

Adelantó que propondrán una Ley General de Fideicomisos, que establezca reglas y límites, así como las áreas estratégicas donde no podrá haber inserción de fondos bajo esta modalidad.

La experta señaló que el próximo proyecto de presupuesto será crucial para identificar los montos que se han perdido por corrupción.

En el próximo sexenio, habrá revisión de los contratos vigentes con empresas nacionales o extranjeras que hayan sido otorgados mediante influyentismo o corrupción, y los de obras públicas se llevarán a cabo mediante licitación abierta.

Los legisladores no podrán recibir moches; se cancelarán pensiones a ex presidentes de la República; ningún funcionario podrá utilizar aviones o helicópteros privados ni podrán hacer uso de vehículos oficiales y otros bienes públicos para asuntos personales. Policías y militares no estarán al servicio de servidores públicos o particulares, y éstos sólo contarán con choferes, secretarios y subsecretarios.

Se prevé reducir 70 por ciento el personal de confianza y los gastos de operación; la inversión en publicidad se disminuirá a la mitad y se bajarán sueldos en las plazas que perciben más de un millón de pesos anuales. Los empleados de confianza deberán laborar de lunes a sábadoal menos ocho horas diarias.

Issa Luna Plá, investigadora de la UNAM, dijo que el plan de austeridad debe ir acompañado de un trabajo de difusión sobre sus objetivos para que los funcionarios no lo perciban como un castigo.

El nuevo gobierno debe fomentar una vocación de lealtad entre los servidores públicos y motivarlos a cumplir este esquema por convicción propia, sostuvo.

(Con información de Fernando Camacho)