Hermosillo, Son.

Una serie de iniciativas de ley y reformas constitucionales enviadas al Congreso local por la gobernadora priísta Claudia Pavlovich Arellano –las cuales requerirían porcentajes de votación más altos para la aprobación de reformas legales y constitucionales, y otorgarían al Ejecutivo la facultad de oponerse a una ley o decreto que el Legislativo turne para promulgación– generó protestas ciudadanas, por lo cual la mandataria pidió continuar la discusión y los diputados devolvieron el paquete a comisiones.

Los manifestantes censuraron el albazo que la fracción priísta pretende perpetrar con su mayoría parlamentaria. En la próxima legislatura, la 61, el partido Morena tendrá mayoría absoluta tras ganar 20 de los 21 distritos y gobernará a 83 por ciento de la población de la entidad, pues ganó las principales ciudades.

Las modificaciones aprobadas la noche del lunes en la comisión de gobernación y puntos constitucionales señalan que se requieren al menos dos tercios del Congreso para la aprobación de reformas legales y constitucionales. Además, para cambiar la Constitución también será necesario el visto bueno de al menos 37 de los 72 municipios del estado.

Asimismo, se concentran facultades, incluida la de veto, en la gobernadora. Entre las leyes que podrían ser vetadas está la del presupuesto, para que éste pueda ejercerse mientras se aprueba la propuesta del Ejecutivo, y la eliminación del fuero a funcionarios públicos.

La gobernadora también tendría la última palabra en la municipalización del servicio de transporte, aún en manos del gobierno estatal, y en reformas relacionadas con Gobernación y Hacienda.

Se tenía previsto que las reformas fueran votadas ayer en el pleno. Sin embargo, militantes de Morena y ciudadanos se apostaron temprano en el Congreso para intentar evitar la sesión extraordinaria.

En medio de protestas, el pleno inició actividades a las 9:15 y concluyó a las 10:14 horas. Se aprobaron ocho de los 16 puntos del orden del día, entre ellos la Ley de Control Vehicular, que hará obligatorio el registro de todos los automóviles del estado; el traslado de dos de los tres poderes a municipios distintos de la capital y la obligación del Poder Judicial de presentar un informe anual.

Dentro y fuera de la Cámara de Diputados hubo momentos de tensión provocados por grupos de inconformes con las reformas. Los manifestantes portaban pancartas con leyendas como ‘‘No al veto’’ y ‘‘Más transparencia’’.

Los diputados electos de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social) acusaron a la gobernadora de intentar dar un ‘‘golpe de Estado legislativo con las viejas formas, a escondidas, con presión y compra de diputados, en pleno periodo vacacional’’.

Ante las protestas, la mayoría de los legisladores aprobaron de manera apresurada que los dictámenes fueran enviados a las comisiones correspondientes para mayor discusión y análisis.

El presidente de la diputación permanente, el priísta Rafael Buelna Clark, explicó: ‘‘Hoy en la mañana recibimos una petición de la gobernadora para bajar estos puntos y darles un mayor plazo de análisis. Eran temas programados para la sesión extraordinaria de hoy. Es un tema de equilibrio y prudencia política’’.