Chihuahua, Chih.

La Procuraduría General de la República (PGR) investiga al titular de la Secretaría de Salud (Ssa) estatal, Ernesto Ávila Valdez, por un adeudo fiscal de más de 100 millones de pesos de impuesto sobre la renta retenido a trabajadores.

El funcionario también enfrenta acusaciones de favorecer a la farmacéutica Egro, que reclama el pago de facturas de 2016 y 2017 por un contrato de adjudicación directa por 80 millones de pesos.

Ávila Valdez tramitó en enero un amparo federal para evitar su detención y niega haber incurrido en corrupción, desvío de recursos y tráfico de influencias al adjudicar contratos sin licitación.

Dijo que el amparo es para evitar que la PGR proceda en su contra y lo quieran ‘‘intercambiar por alguna persona’’, en referencia a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional, acusado del desvío de 246 millones de pesos para campañas del tricolor durante el mandato de César Duarte Jáquez.

El gobierno de Chihuahua aduce que el adeudo de más de 100 millones fue heredado por la anterior administración; además, señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal pidió esa cantidad después de una auditoría ‘‘sorprendentemente rápida’’ en diciembre de 2017, después de que la fiscalía estatal detuvo a Gutiérrez Gutiérrez.

Según la Ssa, el pasivo ‘‘estaba oculto’’ y por ello no se pagó durante los primeros 15 meses del gobierno del panista Javier Corral Jurado, que pide el sobreseimiento del caso con el argumento de que el adeudo ya fue cubierto, lo que dejaría sin materia la acción legal en contra de Ávila Valdez.

Facturas pendientes

En marzo de 2017 la Ssa firmó con la empresa Egro un contrato por 80 millones de pesos para la proveeduría de medicamentos para el Instituto Chihuahuense de la Salud. La transacción excedió el monto máximo permitido para una compra sin licitación.

El mes pasado la empresa presentó una demanda contra la Ssa por un adeudo de 20.5 millones de pesos del año pasado y 2016, lo cual derivó en la renuncia de Raúl Hernández, director administrativo de la dependencia.

El abogado de la empresa, Sergio Miller, informó que Egro está quebrada por el impago gubernamental y los socios ofrecieron bienes personales como garantía a sus proveedores.

Fuentes de la Ssa informaron que el apoderado legal de Egro, César Carballo Ramírez, fue quien firmó el contrato y agregaron que la empresa está vinculada a Óscar Reza, primo hermano de Luis Reza, quien a su vez es sobrino del ex gobernador panista Francisco Barrio Terrazas.

Ernesto Ávila, secretario de Salud estatal y consuegro de Francisco Barrio, adujo que Egro fue la única empresa que dio crédito a la Ssa y defendió la adjudicación directa del contrato pese a que la farmaceútica no cumplía requisitos, pues operó en un pequeño local rentado semanas después de la firma del contrato, donde se usaron carpas improvisadas para atender a derechohabientes de la Ssa.