El plan de pacificación del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es una buena señal para el país, en la medida en que reconoce la existencia de una grave crisis de derechos humanos, pero hasta el momento sigue sin haber una ruta definida sobre las maneras en que va a llevarlo a cabo, cómo tomará en cuenta la opinión de las víctimas y de qué manera se diseñarán políticas públicas en la materia, señalaron organizaciones civiles.

Carlos Ventura, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, saludó que el próximo gobierno federal haya manifestado su disposición a escuchar a diversos sectores para terminar con la violencia en México, pero advirtió que hay una falta de claridad en los pasos a seguir para lograrlo.

Vemos con buenos ojos los foros de pacificación que se van a hacer y vamos a participar, pero también tiene que haber una definición clara sobre temas urgentes, como la Ley de Seguridad Interior y la Fiscalía que sirva. No ha habido un posicionamiento claro ni tampoco canales de interlocución hasta el momento para iniciar este proceso, advirtió.

Olga Sánchez Cordero (propuesta por AMLO para ocupar la Secretaría de Gobernación) habla de la realización de algunas propuestas, pero lo que no vemos claro es la metodología por la cual se va a materializar lo que salga de los foros, y tendríamos que tener muy claro cómo se va a construir la política pública para hacer de los derechos humanos la centralidad de este gobierno, dijo el activista.

Rocío Culebro, directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, consideró que el plan de López Obrador es positivo, pero justo por eso hay que tener cuidado en el planteamiento, porque será un proceso largo y sui géneris que se llevará un tiempo considerable.