En Morelia, Michoacán, el ex dirigente de grupos de autodefensa en esa entidad, José Manuel Mireles Valverde, informó que en fecha próxima denunciará al Estado mexicano ante la Corte Internacional de La Haya, en Holanda, por delitos de lesa humanidad, al no haber actuado con responsabilidad durante el levantamiento armado civil en contra del crimen organizado, que dejó miles de muertos, viudas y huérfanos.

Demandará, además, ante instancias nacionales indemnización para los afectados por la delincuencia y castigo para funcionarios que violaron la ley y fomentaron la violencia, como el ex comisionado para la seguridad Alfredo Castillo.

En conferencia de prensa, subrayó que la fundación que él preside y que lleva su nombre exigirá al gobierno federal que responda por qué delegó en grupos civiles la obligación de garantizar seguridad a la ciudadanía.

Sostuvo que su organización actualizará el padrón de viudas y huérfanos –según el cura Gregorio López (padre Goyo) suman 2 mil 800 y 4 mil 500, respectivamente– que dejó el crimen organizado antes y durante la presencia de los grupos de autodefensa.

Responsabilizó al gobierno federal por haber entregado, de manera ilegal, más de 2 mil armas a los grupos de autodefensa y encarcelado a cientos de ellos que se negaron a devolverlas.

Tiene que resarcirse el daño a las familias afectadas y debe ser el Estado el que pague, pero además tiene que llamarse a cuentas a gente como el ex comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, quien cometió una serie de delitos en la estrategia implementada paran combatir al crimen organizado, señaló.

Acompañado de su abogado, Ignacio Mendoza Jiménez, el fundador del grupo de autodefensa de Tepalcatepec en febrero de 2013 dijo que aún quedan 258 integrantes de esas organizaciones en prisión, y una de las primeras acciones será buscar su liberación.

Para ello, hace unos días solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinar una delegación especializada en el decimoprimer circuito con sede en esa entidad, a fin de que se brinde el servicio de defensoría pública para reparar los procesos de los encarcelados.