El luchador social Abraham Hernández González, coordinador del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi), fue asesinado el pasado martes en el municipio oaxaqueño de San Pedro Pochutla, en lo que podría ser un castigo ejemplar para que otros activistas dejen de denunciar los actos de despojo cometidos por empresas turísticas y hoteleras en esa región del país.

Alejandro Cruz, integrante del Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas (COOA), indicó en entrevista con La Jornada que Hernández fue atacado el 17 de julio en su propio domicilio, ubicado en la comunidad de Salchi, por un grupo de hombres armados y con el rostro cubierto, quienes lo privaron de la libertad alrededor de las 11:30 de la mañana. Seis horas después fue encontrado sin vida.

De acuerdo con el activista, el Codedi hizo la denuncia correspondiente por la desaparición y el homicidio de Hernández González, pero las autoridades judiciales de Oaxaca siguen sin girar ninguna orden de aprehensión o hacer algún avance en la indagatoria, porque, consideró, están en complicidad con los grupos de sicarios que cometieron la agresión.

El asesinato del coordinador regional del Codedi, recordó, estuvo precedido por otro ataque mortal contra otros miembros del colectivo, cometido en febrero pasado. En esa ocasión, perdieron la vida Alejandro Antonio Díaz Cruz, Ignacio Basilio Ventura Martínez y Luis Ángel Martínez, mientras Abraham Ramírez logró sobrevivir.

Cruz afirmó que el homicidio de Abraham Hernández tiene el propósito de mantener en la zozobra a las organizaciones populares que han luchado contra el despojo de alrededor de 100 hectáreas en la comunidad de Cuatunalco, perpetrado por un grupo de empresarios para construir desarrollos hoteleros.

El activista del COOA explicó que ya hay un juicio en marcha para tratar de recuperar las tierras en cuestión y adelantó que los pobladores de diversas comunidades están en el proceso de formar una policía comunitaria, porque el Estado está rebasado e implicado en estos crímenes. La policía y el Ejército están infiltrados y la autoridad política no puede hacer justicia.

Mientras, la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el homicidio de Hernández González y advirtió que, con este caso, ya son ocho los activistas de organizaciones sociales en México que han sido asesinados en lo que va del del año, cuatro de los cuales vivían en Oaxaca.