liseo Delgado Sánchez, presidente municipal electo de Buenavista Tomatlán, fue asesinado ayer cuando comía en un restaurante del cen-tro de la localidad, mientras el también militante del Movimiento Regeneración Nacional y regidor electo de Tlaquepaque, Jalisco, Zenón Cocula Fierros, pereció a causa de en un ataque armado a bordo de un vehículo. Estos atentados recuerdan de forma trágica que las dinámicas violentas, lamentablemente características del proceso electoral que culminó el domingo 1º de julio, no se han desactivado tras los comicios y suponen una amenaza permanente contra las vidas de funcionarios electos y en funciones –como lo han sido desde años atrás para el resto de la población.
Para dimensionar la magnitud de la crisis que afecta a políticos de todas las adscripciones, puede recordarse que del 9 de septiembre de 2017 al 27 de junio de este año murieron con violencia 101 candidatos, precandidatos, aspirantes, ex funcionarios, líderes de partidos y servidores públicos. Otro conteo eleva esta cifra a 132 homicidios hasta el 29 de junio. Sólo en Michoacán, entre el 14 y el 22 de junio fueron asesinados tres aspirantes a ediles, uno de ellos perredista, un panista y un independiente, mientras un candidato priísta sufrió un atentado del que salió ileso.
El caso de Buenavista es alarmante: hace menos de un mes el secretario del Ayuntamiento y alcalde en funciones, Javier Ureña González, murió baleado cuando se dirigía a la casa de otra funcionaria del cabildo. Puesto en perspectiva por el ataque de ayer, el atentado contra el gobernante interino parece indicar la existencia de un asedio contra la gobernabilidad de este municipio de la región de Tierra Caliente, donde hace cinco años, ante los atropellos del crimen organizado y la inoperancia de las corporaciones policíacas y castrenses enviados a combatirlo, surgieron los grupos civiles armados conocidos como autodefensas.
Con estos antecedentes, resulta claro que el asesinato del político morenista constituye una llamada de emergencia para que las autoridades estatales y federales volteen la mirada hacia el municipio calentano para garantizar la integridad física y patrimonial de todos sus habitantes. En un plano más general, obliga también a una reflexión acer-ca del alcance de la violencia en la conformación de los gobiernos de todos los niveles, así como del pernicioso elemento disuasorio que esto implica para la participación ciudadana en los procesos democráticos.
