Tijuana, BC.

Verter 170 millones de litros diarios de aguas negras a las playas que comparten Tijuana y el sur de California (porque las plantas tratadoras de Baja California no sirven), provocó una guerra de acusaciones entre autoridades de ambos países, donde el alcalde de Imperial Beach, Serge Dedina, dijo que la corrupción masiva del gobernador Francisco Vega de Lamadrid contamina el mar. La respuesta del panista fue que Dedina gusta del sensacionalismo.

Dedina, un conservacionista aficionado al surf que lleva varios años pidiendo que el gobierno de Baja California haga algo para evitar la descarga de aguas negras al mar, está buscando un mecanismo para que Wild Coast –la organización ecologista a la que pertenece–y todas las instancias que se quieran sumar, demanden al gobernador Vega ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

La respuesta del gobierno del estado, este viernes, fue que las acusaciones de corrupción contra el gobernador no tienen fundamento y tampoco abonan al saneamiento de la costa, un problema que se debe atender de manera integral, con acciones de todos los entes involucrados de ambos lados de la frontera y no con declaraciones mediáticas sensacionalistas.

El conflicto por las descargas tiene varios años, pero Dedina pasó de la diplomacia de las reuniones bilaterales y los discursos oficiales –que no han servido de mucho para solucionar el problema–, a la acusación política, en un momento en que el gobernador Francisco Vega tiene encima las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación; aunque su oficina de comunicación dice que ya solventó buena parte de ellas, nadie conoce sus informes.

“¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Que muera alguien? Porque ya casi llegamos a ese punto… hay dos casos documentados (de daño por el agua contaminada): una persona que enfermó de meningitis y otra que adquirió una bacteria que le comió la mitad del brazo y por poco no sobrevive; ¿a qué punto tenemos que llegar? ¿Que un niño muera por la contaminación de Punta Bandera?”, expresó Paloma Aguirre, directora del Programa Costero y Marino de Costa Salvaje (la organización a la que pertenece el alcalde de Imperial Beach) a La Jornada Baja California el pasado 27 de junio.

Las ciudades de Chula Vista, Imperial Beach y San Diego ya recurrieron en marzo pasado a la sección de Estados Unidos de la Comisión Internacional de Límites y Agua (CILA) para demandar su intervención. Y las respuestas del gobernador Vega han sido siempre que las descargas de aguas negras en el mar son ocasionales, sobre todo cuando llueve. De paso, en una entrevista le cargó el tema al gobierno federal: que el canciller Luis Videgaray ya se había comprometido a resolverlo en una visita reciente a San Diego (La Jornada Baja California, 28 de junio de 2018).