La planta de tratamiento de aguas negras de Punta Bandera y el río Tijuana son las dos fuentes de contaminación del Océano Pacífico en esa porción de mar que comparten los estados fronterizos de Baja Californa y California. La primera, que inició operaciones en 1988, funciona de manera muy deficiente y libera una gran cantidad de líquido que no llega a procesar. El segundo arrastra en su cauce las aguas negras de decenas de viviendas que no están conectadas al drenaje, además de la basura de las calles cuando llueve.

Cuando el alcalde Serge Dedina habló de la corrupción que contamina el mar, fue en referencia a las decenas de viviendas y zonas industriales que se edifican en Tijuana y Playas de Rosarito sin ningún control sobre sus desechos, es decir, sin conexión al drenaje. Muchas de esas aguas negras terminan en tubos que las llevan directamente al mar o al Río Tijuana.

Sin gran cantidad de agua durante el verano (es un cauce de aguas estancadas y pestilentes durante gran parte del año), cuando llueve recibe la descarga de todos los drenajes que se desbordan en la ciudad.

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana es la encargada de administrar Punta Bandera. En un comunicado de prensa emitido la tarde del viernes pasado, firmado por su titular, Germán Lizola Márquez, señaló que el alcalde de Imperial Beach sabe que el escurrimiento de aguas residuales al Océano Pacífico es un problema añejo que data de varias décadas, cuya solución no es un asunto que corresponda sólo al gobernador Kiko Vega. Añade que se requieren más de mil 500 millones de pesos para reparar Punta Bandera y todo el sistema de colectores de Tijuana y Rosarito, lo que evitaría el desbordamiento del río.

Entre las acciones que se llevan a cabo para atender el problema, informó, se realiza un estudio con recursos de Banobras –10 millones de pesos– que permitirá definir bajo qué esquema rehabilitar dicha planta (Punta Bandera), que opera bajo un sistema lagunar, cuya primera etapa concluye en octubre próximo.