ndrés Manuel López Obrador estuvo en La Chingada cuatro días en plan de descanso-reflexión. Muy merecidos luego de su intensa campaña electoral y obtener triunfo arrollador a escacla presidencial, el Congreso de la Unión, numerosos municipios y congresos estatales y locales. Tan grande que echó por tierra la prédica de quienes exigieron a los ciudadanos voto diferenciado. Ojalá durante su descanso-reflexión haya aterrizado algunos asuntos que, por la forma de presentarlos, desorientan a la ciudadanía. Menciono algunos.

Aunque todavía no lo declaran presidente electo y faltan más de cuatro meses para asumir su cargo, Andrés Manuel parece seguir en campaña y como si ya gobernara con los que nombró para los cargos más importantes. En plena etapa de transición, él y sus cercanos colaboradores producen un torrente de declaraciones sobre los programas de gobierno, muchos recibidos con agrado por la población, como reducir los salarios y prestaciones de los altos cargos de la administración y los legisladores; eliminar las pensiones a los ex presidentes; integrar el prepotente Estado Mayor Presidencial (8 mil elementos y 150 generales) a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya no más primera dama, ni DIF.

Pero algunas propuestas no son afortunadas. Como la mediación papal para lograr la paz en el país y la aceptación, negada, de hacer parte formal de su gobierno de la actual secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, y el doctor Rogelio Ramírez de la O. Otras, ocasionaron que sus cercanos colaboradores contradijeran sus propuestas de campaña. Ejemplos: realizar una consulta popular sobre el nuevo aeropuerto y derogar la reforma educativa; en torno a garantizar la seguridad del presidente; la despenalización de ciertas drogas; la anmistía a delincuentes; el despido de miles de empleados públicos y el traslado de las secretarías de Estado a diversas ciudades.

El primero en decir que despacharía el primero de diciembre en Puebla, fue el titular de Educación Pública. Luego, que no tan pronto. Dejarán también la capital del país la de Economía, que se va a Nuevo León; la de Agricultura, a Ciudad Obregón; Turismo, a Chetumal; la de Medio Ambiente, a Mérida; la de Marina, a Veracruz; la de Defensa Nacional, a Jalisco; la de Salud, a Chilpancingo.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad se mudará a Chiapas; Pemex a Campeche; Nacional Financiera, a Guanajuato, y el SAT y la Administración de Aduanas, a Nuevo Laredo.

Trasladar el Instituto Nacional de Geografía y Estadística fue un proceso que duró siete años. Incluyó estudios económicos y sociales muy puntuales sobre el mejor lugar para ubicarlo. Finalmente se eligió Aguascalientes a un alto costo financiero y familiar. ¿Existen ya esos estudios para el masivo traslado de más de medio millón de empleados públicos a otras ciudades? ¿Cuentan éstas con la infraestructura urbana para albergarlos: edificios adecuados, viviendas, escuelas, hospitales y demás servicios básicos? ¿Qué hará el nuevo gobierno con el mobiliario que hoy ocupan las dependencias que dejan la capital del país? ¿No será extremadamente costoso e ineficiente ese traslado de personal, archivos y equipos técnicos, y que los altos funcionarios viajen un día sí y otro también a reuniones y actos oficiales al lado del presidente?

A esa mudanza se agrega el medir con el mismo rasero a la burocracia. Hay excelentes funcionarios que no gozan de prebendas, ni roban y son necesarios para que la nueva administración funcione eficientemente. Los hay hasta en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, entregada este sexenio al negocio político-familiar que es el Partido Verde.

Serénense, les decía Andrés Manuel a los integrantes de la cúpula empresarial que lo atacaron ferozmente. Hoy lo ven como el milagroso San Hipólito, patrono de las causas perdidas. Ahora deben serenarse quienes gobernarán a partir del primero de diciembre, acompañados por un eficiente sistema de comunicación y asesoría política. Así se evitaría, por ejemplo, que el futuro presidente de la República polemice con el Instituto Nacional Electoral por el fideicomiso de reconstrucción, pues quienes deben aclarar su funcionamiento son Morena y el comité que lo manejó.