Investigadores y activistas señalaron que uno de los retos más importantes para la construcción de la agenda migratoria de Andrés Manuel López Obrador será lidiar con los intereses de Estados Unidos, y advirtieron que el virtual presidente electo aún no se ha distanciado claramente de la política de criminalización de los trabajadores internacionales sin documentos.

Rachel Schmidtke, miembro asociado del Instituto México del Centro Woodrow Wilson, alertó en el documento AMLO y la migración que a pesar de los esfuerzos de México y Estados Unidos para disuadir la diáspora centroamericana, no disminuye el número de personas que dejan ese territorio y los solicitantes de asilo que ingresan por la República Mexicana.

La especialista agrega que mientras el programa Frontera Sur de México deporta más centroamericanos que Estados Unidos, muchas personas de estas naciones aún logran pasar por vías no seguras.

Lo anterior representa importantes riesgos de seguridad para los propios migrantes que cruzan México e impone un gran desafío para que el Instituto Nacional de Migración detecte los flujos migratorios, añadió.

Schmidtke concluyó que para tener una agenda integral en este terreno, López Obrador necesitará dedicar recursos a las instituciones que se ocupan de los flujos migratorios y la integración de migrantes, tanto la de los centroamericanos como de los mexicanos repatriados.

Mientras tanto, Rubén Figueroa, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano, aseveró que el político tabasqueño no ha delineado con claridad cuál será su plan en esta materia y por ende aún no ha marcado distancia de la política de criminalización y persecución que ha estado vigente en los recientes gobiernos.

En las reuniones que ha habido con organizaciones civiles para hablar del tema, no ha habido cerrazón (del equipo de López Obrador), pero tampoco una plataforma concreta, y es algo que debería estar trabajando desde ya. Seguimos sin ver un planteamiento de cómo contrarrestar la corrupción en las instituciones migratorias que están inmiscuidas en tráfico de personas, dijo.

El luchador social insistió en que ya está muy clara la película de qué se ha hecho mal, y entonces lo que tiene que hacerse es todo lo contrario. Las organizaciones están abiertas a ayudar, pero tienen que dar señales de manera urgente, sobre todo en temas como el cese de los convenios de colaboración con Estados Unidos, que llevan a la detención y persecución de miles de migrantes.

Gabriela Hernández, directora del albergue Casa Tochán, señaló que los planes del gobierno entrante con respecto de los trabajadores internacionales sin documentos le parecen preocupantes, pues siguen girando sobre el concepto de controlar los flujos migratorios y restan importancia a la inseguridad que expulsa a la gente de sus comunidades.