rgentina vivió anoche una crispación política y social pocas veces vista en torno a una sesión en la que el Senado votó contra la despenalización del aborto. Ya de madrugada, la mayoría de los legisladores rechazaron la reforma legal, previamente aprobada en la Cámara de Diputados. Sin embargo, en la víspera, las calles de Buenos Aires y de otras ciudades de la nación sudamericana fueron ocupadas por miles de mujeres que exigían el reconocimiento del Estado al derecho a decidir, y sus movilizaciones se repitieron en diversas urbes del mundo; en México hubo varias acciones de apoyo a la lucha de las argentinas.
Y es que si se analiza bien, el edificio legislativo de Buenos Aires fue el epicentro de una batalla que trasciende, por mucho, las fronteras argentinas y en la que se reconoce una porción creciente, muy probablemente mayoritaria, de las mujeres del planeta: es, a fin de cuentas, la disputa por la emancipación de sus cuerpos, que durante milenios han estado sometidos al arbitrio de la Iglesia y, posteriormente, del Estado.
A estas alturas del siglo XXI es evidente que el tema de la interrupción del embarazo no puede reducirse a una discusión interminable, con ramificaciones biológicas, jurídicas, sociológicas, morales y hasta teológicas, acerca de si un óvulo fecundado puede o no considerarse una persona. La ausencia de consenso social en este punto o, más aún, la polarización que genera, indican que lo más sensato sería que legisladores e instituciones públicas sacaran las manos del asunto y que lo colocaran en el ámbito de las decisiones de conciencia y de circunstancia que sólo atañen a las mujeres.
En el caso argentino lo que ha quedado de manifiesto es que la mayor parte de la población femenina del país considera que las decisiones en torno a la maternidad debe ser asunto propio de la privacidad y de la soberanía individual. Por desgracia, esa convicción se enfrenta a una muralla de conservadurismo moralista que tiene su bastión en los senadores argentinos que rechazaron la despenalización del aborto.
Aun con el voto mayoritario en contra, el gobierno se verá obligado a responder a la enorme presión social y prepara para ello una salida de compromiso: mantener la tipificación delictiva para la interrupción voluntaria de la gestación, pero desvincularla de toda sanción, con el fin de evitar que quienes la practiquen sean victimizadas con castigos penales. Desde luego, no sería ese el mejor resultado de las arduas luchas y movilizaciones, aunque representaría un paso en la dirección correcta.
Debe considerarse, por otra parte, que la prohibición de abortar genera un problema de salud pública en la medida en que las mujeres que interrumpen su embarazo lo hacen con o sin el permiso de las leyes, y que actualmente los abortos clandestinos suelen realizarse en condiciones peligrosas para su vida.
Así pues, la soberanía personal sobre el organismo del individuo debe anteponerse, en Argentina y en el mundo, a las posturas encontradas en los debates científicos, éticos y políticos, y asumirse como un valor de civilidad de nuestro tiempo. La lucha de las mujeres por la libertad de decidir lo reivindica y, más temprano que tarde, se abrirá paso.
