La Procuraduría General de la República (PGR), informó al Congreso de la Unión que de 2008 al 31 de julio de este año, por denuncias recibidas, se han iniciado 804 averiguaciones previas y carpetas de investigación por el delito de trata de personas.

Sin embargo, revela que 90.4 por ciento de esas investigaciones se ha resuelto en términos de lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de esa institución, es decir, se decidió el no ejercicio de la acción penal porque los hechos investigados no son constitutivos de delito o se determinó incompetencia y se remitió a la autoridad que debe conocerlo.

En el informe que la Secretaría de Gobernación y la PGR entregaron al Congreso de la Unión, destacan que dichas cifras reflejan que la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual –que es el delito enunciado en la petición que se nos formuló– son las de mayor incidencia, lo cual representa un reto: “Acciones de prevención, y, a su vez, un cambio cultural, para contrarrestar ‘cierta normalización’ de la violencia sexual basada en estereotipos que propician la desigualdad y la discriminación de mujeres”.

Las dependencias referidas respondieron al punto de acuerdo presentado por la senadora priísta Yolanda de la Torre, quien señala en su planteamiento que una de las actividades tabú que generan muchas situaciones de riesgo y daño principalmente hacia las jóvenes y niñas del país es la trata de personas, este atroz delito violenta deliberadamente la vida de las personas que son privadas de la libertad para utilizarlas como una mercancía.

La senadora refiere en su punto de acuerdo que en años recientes se han acrecentado las actividades ilícitas relacionadas con la trata de personas y los delitos que tienen que ver con ella, en varias ciudades hay problemas por la cantidad de formas de prostitución. Las circunstancias donde se intercambian sexo y dinero son complejas, y están insertas en contextos sociales, económicos, culturales e históricos; la trata de personas es uno de los flagelos que más avivan la prostitución, contra la voluntad de las personas involucradas en ello.

La senadora sostiene que los criminales “no son ignorantes ni están alejados de los avances de las tecnologías, al contrario, son ellos quienes en algunas ocasiones introducen nuevas tecnologías al desarrollo de una comunidad, nuevas herramientas, nuevas necesidades que les permiten avanzar en su carrera criminal. Por tanto, la barrera entre un depredador sexual y un niño en Internet es tan delgada como la misma pantalla de una computadora.

“Detrás de un monitor pueden ocultarse mentes criminales entrenadas para hacer clic y enganchar a cualquiera de los 15 millones de usuarios de Internet en el país. Existen mensajes de texto enviados por WhatsApp a través de los cuales ofrecen ‘trabajo’ en tiendas de productos eróticos o en agencias de edecanes.”