Cuernavaca, Mor., José Manuel Sanz Rivera, coordinador de la comisión de enlace del gobernador electo, Cuauhtémoc Blanco Bravo, dio 48 horas a la administración de Graco Ramírez para que entregue información completa sobre la situación de la administración estatal; en caso de que se niegue, ya no acudirá a las siguientes reuniones del proceso de entrega y recepción, porque hasta este miércoles ‘‘todo ha sido simulación y actos mediáticos’’.

En una reunión, acusó a los funcionarios de la administración encabezada por el perredista de no entregar los documentos necesarios y de limitarse a hablar de sus presuntos logros en comparación con la administración pasada.

‘‘Les dijimos que era la última sesión a la que acudíamos y que la siguiente tendría que ser para conocer cómo se encuentra el gobierno del estado tanto administrativa como financiera, política y socialmente. Quedamos en hablar en 48 horas para saber si esto va a ser posible, o que nos manden información sin necesidad de reunirnos’’, expresó.

Exigió al gobernador perredista que diga de una vez si tiene voluntad política para entregar ‘‘y que no siga engañando a la gente. Ya le quedan 30 días. Tiene una responsabilidad con los morelenses. Si no hay voluntad, que lo diga y ya. El primero de octubre entrará el gobierno electo con su equipo de los auditores y tendremos que hacer observaciones’’.

Afirmó que el gobierno de Graco Ramírez ‘‘está cumpliendo al pie de la letra’’ la reforma que él mismo propuso a los lineamientos del proceso de entrega y recepción, la cual lo exime de la obligación de entregar documentos.

En la reunión con el secretario de Gobierno, Ángel Colín López, Sanz Rivera dijo que entregaron un documento dirigido a Graco Ramírez paras reprochar la falta de apertura para entregar de manera irrestricta, oportuna y transparente información relevante y fidedigna sobre su mandato, el cual concluye el 30 de septiembre.

En el escrito también reprueban que el Ejecutivo haya abdicado de su obligación constitucional de analizar o invalidar ‘‘las ignominiosas pensiones que ha autorizado el Congreso del estado’’, y que continúe haciendo designaciones transexenales no avaladas por los poderes entrantes, las cuales serán revertidas con mecanismos legislativos y judiciales.