La Procuraduría General de la República (PGR) comenzó a desahogar al menos 40 diligencias que habían sido omitidas en la investigación inicial del caso Tlatlaya, entre ellas el origen del contenido de un oficio en el que se ordena el abatimiento de civiles en horas de oscuridad y la revisión de los peritajes en materia de balística y criminalística de campo para identificar si existen –además de los militares que ya están sujetos a proceso– otros probables responsables en la muerte de 22 civiles en la comunidad de San Pedro Limón el 30 de junio de 2014.

En este caso, tanto la PGR como la Fiscalía General de Justicia Militar han aportado constancias que refieren que ya se han realizado 23 actuaciones ordenadas por el juzgado de amparo y 17 más siguen en proceso, de acuerdo con documentos judiciales que se encuentran asentados en el juicio de garantías 545/2017 que se desahoga en el jugado 14 de distrito en materia de amparo en materia penal con sede en Ciudad de México, así como en la causa penal 285/2015 del juzgado primero militar de la primera región castrense y en el juicio de amparo 172/2018 del noveno tribunal colegiado con sede en la capital del país.

En mayo pasado el Ministerio Público Federal interpuso un recurso de revisión de la sentencia emitida por el juzgado 14 de distrito en materia de amparo y confirmada por el noveno tribunal colegiado, resoluciones en las cuales se determinó que existieron omisiones en la investigación.

En su recurso, la PGR no se inconformó de las diligencias solicitadas. Únicamente pidió que se extendiera el plazo de 30 días que establecieron las autoridades judiciales para solventar todas las diligencias que se consideraron omitidas en la indagatoria.

Fuentes consultadas señalaron que el jueves pasado el noveno tribunal colegiado aceptó el recurso de la PGR y le otorgó seis meses más para el desahogo de las diligencias y peritajes. En su recurso, el Ministerio Público Federal se comprometió a indagar todas las líneas que surjan durante el cumplimiento de lo ordenado por los tribunales.

Los documentos judiciales refieren que la PGR omitió llevar a cabo una investigación exhaustiva y eficaz de la orden militar de abatir civiles en la oscuridad, dirigida a la base de operaciones a que pertenecían los soldados involucrados en los hechos de Tlatlaya. También señaló la falta de investigación de la cadena de mando involucrada en ese ordenamiento.

Al respecto, autoridades militares y civiles han aportado documentos a los tribunales que refieren que el teniente coronel que estuvo al mando del grupo integrado por siete militares que participaron en los hechos de Tlatlaya fue sometido a juicio por el delito de desobediencia, al considerar que durante ese operativo incurrió en el ilícito de modificar de propia autoridad una orden.

Sin embargo, en un juicio de amparo tramitado y resuelto por el cuarto tribunal colegiado en materia penal con sede en Ciudad de México, determinó absolver al mando castrense de la acusación, al considerar que la justicia militar violaba sus garantías individuales por haber analizado de manera aislada el escrito, en el que se asentó: Se ordena el abatimiento de civiles en horas de oscuridad.

Lo anterior al analizar que el oficio de referencia fue mal copiado, ya que la orden original fue dada el 22 de diciembre de 2012. En éste se manda: Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad, a fin de abatir homicidios perpetrados por delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se cometen en ese horario.

En tanto, el 11 de junio de 2014 el teniente coronel que llevaba el mando de los militares que actuaron en Tatlaya recibió un oficio, en el cual se le ordena “asumir el mando de la base de operaciones ‘San Antonio del Rosario’ y se le reiteran las disposiciones giradas por el alto mando como sigue: ‘Las tropas deberán operar de noche de forma masiva y en el día reducir la actividad con el fin de abatir delincuentes en horario de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”. En sus declaraciones ante el Ministerio Público, el teniente coronel en funciones de comandante señaló haber recibido y firmado el oficio transcrito por un escribiente sin conocer que la orden original había ido modificada.

Asimismo, se señala en los argumentos presentados por el teniente coronel en funciones de mando, durante el juicio de amparo 283/2015, que no se acredita que “la omisión en que se incurrió al reiterar la orden original haya sido intencional; esto es, que el segundo comandante del 102 batallón de infantería dolosamente tuviera la intención de modificar dicha orden para que el personal militar a su mando ‘abatiera delincuentes’, traducido como ‘matar’ delincuentes, que es la connotación que se pretende dar al término ‘abatir’, utilizado en la orden del 11 de junio de 2014 (…), dado que es evidente que se trata de una transcripción incorrecta de la orden original”, y por ello el tribunal determinó otorgar la protección de la justicia federal (en el ámbito civil) al teniente coronel, y el Tribunal Superior de Justicia Militar confirmó el auto de libertad por falta de méritos.

Además del desahogo de este punto del caso Tlatlaya, la PGR ya unificó las dos averiguaciones previas que están en curso y que se relacionan con diversas omisiones reportadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y los tribunales federales.