Las llamadas empresas fantasma han surgido en México en cantidades imposibles de cuantificar, no sólo por lo fácil que es crearlas para evadir impuestos o cometer fraudes, sino porque las autoridades no las han combatido con determinación, pese a tener las herramientas legales para ello.

Así lo advirtió Luis Manuel Pérez de Acha, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), quien aseguró que con voluntad política y tiros de precisión en ciertas áreas, en un plazo no mayor de seis meses podría empezar a verse un descenso claro en el surgimiento y uso de este recurso ilícito.

En entrevista con La Jornada, el especialista en derecho fiscal y administrativo explicó que las empresas fantasma tienen una doble naturaleza, pues si bien están registradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), están constituidas ante un notario público y emiten facturas con sus datos legales, al mismo tiempo no tienen actividad económica real.

No son empresas en sentido estricto, porque no son fuentes generadoras de riqueza o de empleos y no tienen inversión productiva. Son negocios de papel que sólo buscan depredar al fisco y al erario al servir como la cara legal de operaciones fraudulentas para no pagar impuestos o recibir dinero de contratos de obra pública sin capacidad para hacer el trabajo.

Aunque las investigaciones para detectarlas tienen sus retos, Pérez de Acha consideró que este tipo de empresas han proliferado cada vez más debido a que no se combaten con firmeza, con decisión, ni por parte del SAT, ni por la Secretaría de Hacienda ni por las autoridades penales. Esto ha generado una sensación de impunidad y por eso se han vuelto una plaga de magnitudes desproporcionadas.

El doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México recalcó que el gobierno tiene los suficientes recursos, información y herramientas para combatir a las empresas fantasma, por lo que la única razón para no hacerlo es la falta de voluntad institucional.

Aunque el SAT tiene un catálogo de este tipo de empresas, compuesto por alrededor de 7 mil razones sociales, la facilidad con la que se crean hace que el número se quede necesariamente corto. Si decimos que hay 30, 40, 50 o 100 mil, es posible. Se reproducen como hongos en temporada de lluvias y no hay manera de saber cuántas son.

Pese a la complejidad del panorama, aseveró Pérez de Acha, mediante acciones decididas del SAT, y reformas sencillas a la Ley de Contabilidad Gubernamental y los códigos Fiscal de la Federación y Penal Federal, esas empresas podrían combatirse en un tiempo relativamente corto.

Con voluntad política, un trabajo de complementariedad de la sociedad civil, aplicando los procedimientos legales y con tiros de precisión, a mi parecer se podrían lograr resultados materiales efectivos en no más de seis meses. Es una labor de corto plazo, porque ya hay investigaciones iniciadas; el problema es que no se concluyen ni se actúa penalmente, lamentó.