Buenos Aires. La ex presidenta argentina Cristina Fernández y el jefe de la policía federal mantuvieron este lunes un cruce verbal sobre el supuesto uso de tóxicos durante el allanamiento a una propiedad de la también senadora por una causa judicial en la que está acusada de encabezar una asociación ilícita destinada a recaudar millonarios sobornos, imputación a la que se sumó el presidente Mauricio Macri.

La causa es impulsada por Claudio Bonadío, enemigo declarado de la legisladora, y su principal prueba se sustenta en las fotocopias de un cuaderno de Óscar Centeno, quien fue chofer de un ex funcionario kichnerista y también ex militar de la dictadura. Centeno ha admitido que quemó la libreta.

Néstor Roncaglia, jefe de la Policía Federal, negó el uso de un tóxico de contacto durante la inspección realizada la semana pasada a un departamento de Fernández de Kirchner (2007-2015) en Buenos Aires que, según el relato de un arrepentido en la investigación del juez Bonadío, fue el supuesto destino de bolsos repletos de dólares pagados por empresarios a su gobierno y el de su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007) para obtener obras públicas.

No se usó ningún tipo de químico... No se dejaron tóxicos bajo ningún punto de vista, aseguró Roncaglia en entrevista al canal de cable Todo Noticias. El personal que actuó es profesional... nadie sacó ni puso nada que no corresponda, se actuó conforme a derecho, agregó.

Fernández denunció en un comunicado divulgado en redes sociales y firmado por su abogado Carlos Beraldi que empleadas domésticas que limpiaron los estantes del vestidor del departamento allanado sintieron mareos, fuerte picazón en garganta y ojos y sentían dificultad para respirar.

Por esa razón tuvieron que ser asistidas en la guardia de un hospital donde se constató que las dolencias padecidas tienen como origen el haber estado en contacto con un tóxico, añadió el abogado, quien subrayó que su representada no ha podido regresar a su domicilio a causa de lo ocurrido y denunció otras irregularidades, como que se le impidió controlar el allanamiento como abogado defensor.

Además del departamento de la capital argentina, fueron revisadas otras dos propiedades de Fernández en la sureña provincia de Santa Cruz.

Por su condición de legisladora el juez Bonadío tuvo que obtener la autorización del Senado para allanar las tres propiedades, bajo la sospecha de que en esos lugares la ex mandataria podría haber ocultado parte del dinero proveniente de los sobornos.

Fernández –la dirigente opositora con más apoyo en las encuestas– ha negado ante la justicia haber cometido algún delito y acusó a Bonadío de responder a Macri en esta y otras pesquisas en las que es investigada.